Jueves, 28 de Marzo 2024
México | Fuentes explican que por esta acusación ya fue librada una orden de aprehensión

La Fepade busca acusar a Duarte de obstaculizar a funcionarios

No pudo ser incluida en la solicitud de extradición emitida por la PGR al gobierno de Guatemala, porque este delito no existe en dicho país

Por: SUN

La Fepade continúa trabajando para encontrar una vía jurídica que permita la ejecución de esa orden de captura. AFP / ARCHIVO

La Fepade continúa trabajando para encontrar una vía jurídica que permita la ejecución de esa orden de captura. AFP / ARCHIVO

CIUDAD DE MÉXICO (08/AGO/2017).- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, tiene una cuenta pendiente con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) quien lo acusa de obstaculizar las labores de funcionarios electorales.

Fuentes federales explicaron que por esta acusación ya fue librada una orden de aprehensión, misma que no pudo ser incluida en la solicitud de extradición emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) al gobierno de Guatemala, porque este delito no existe en dicho país.

En consecuencia, no fue tomada en cuenta para el proceso de extradición, sin embargo, indicaron que la Fepade continúa trabajando para encontrar una vía jurídica que permita la ejecución de esa orden de captura.

El titular de la Fiscalía, Santiago Nieto, indicó que en noviembre de 2016 se ejerció acción penal en contra de ocho colaboradores de Duarte de Ochoa, incluyendo dos secretarios de estado, ex presidentes municipales de Boca del Río y de Veracruz y de una regidora en funciones.

"Nos libraron las órdenes de aprehensión, se cumplimentaron tres de ex funcionarios de Javier Duarte que fueron internados a los centros de readaptación en el estado de Veracruz, Bermúdez, Mansur y Anselmo Estandía; tenemos ya cuatro autos de formal prisión y estamos esperando el dictado de la sentencia definitiva", detalló.

Los delitos que se imputan a los ocho colaboradores son peculado electoral, condicionamiento de programas sociales y uso de recursos públicos para fines electorales.

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