Juzgado niega amparo a diputado dueño de zoológico

CIUDAD DE MÉXICO (18/MAR/2015).- El Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Puebla negó el amparo presentado por el diputado panista poblano, Sergio Gómez Oliver, contra la decisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa) de asegurar 101 animales de su zoológico "El Club de los Animalitos" en Tehuacán, por falta de trato digno y respetuoso de estos ejemplares.

La Profepa informó que el fallo del juzgado señala que la suspensión promovida contra actos de la autoridad ambiental no procedió debido a que la actuación de los inspectores tuvo como objetivo eliminar el riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre, como lo dispone el Artículo 117 de la Ley General de Vida Silvestre.

"El resolutivo judicial señala que si bien dicha Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) se encuentra facultada para el manejo de fauna silvestre, no implica que se le debe exentar de cumplir con la normatividad prevista para el cuidado y el resguardo de las especies animales", explicó el organismo federal.

"Un aspecto es el que pueda, entre otros, tener la conservación y manejo de fauna exótica, y otra, el que tenga que observar cabalmente la dignidad, estado de salud y hábitat de los animales, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre", enfatizó el juez de amparo.

El Juzgado estipuló que "para determinar si existe esa afectación no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados".

El pasado 23 de febrero, la Profepa aseguró 101 animales al 'Club de los Animalitos', un zoológico particular propiedad del diputado panista local por Tehuacán, Puebla, Sergio Gómez Oliver, afirmando que estos ejemplares se encontraban en condiciones de hacinamiento y maltrato.

Luego, el 9 de marzo, el organismo federal anunció la suspensión de las actividades del zoológico por dos años y le fijó al dueño un plazo improrrogable de un año para comprobar la realización, en 50 por ciento, de un nuevo plan de manejo animal y sin menoscabo del proceso administrativo vigente.