Juez dicta formal prisión contra Salazar Mendiguchía

HUIXTLA, CHIAPAS (28/OCT/2011).- Un juez penal dictó auto de formal prisión contra el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, interpuesto por el ex secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, Florencio Madariaga Granados.

Actualmente se encuentra en el centro penitenciario de Huixtla, en la Región Istmo-Costa de Chiapas.

La Procuraduría aseguró que se reunieron las pruebas que responsabilizan a Salazar Mendiguchía de ordenar “la fabricación” de averiguaciones previas en contra de Madariaga Granados.

Florencio Madariaga, quien fungió además como subprocurador general de Justicia del Estado en la administración del ex gobernador priista Roberto Albores Guillén (1998-2000) fue acusado y procesado por asociación delictuosa y peculado por más de 900 millones de pesos.

Fue recluido por más de dos años y medio en cárceles de España, —donde fue aprehendido y extraditado—, y en el Penal El Amate, en Cintalapa, junto con colaboradores de Albores Guillén.

La PGJE informó que el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público en contra de Salazar fue debidamente acreditado “al haber ordenado al entonces procurador general de Justicia del Estado, Mariano Herrán Salvatti, que se iniciaran averiguaciones y que se le atribuyeran conductas ilícitas a Florencio Madariaga a pesar de carecer de pruebas aptas y suficientes”.

Salazar Mendiguchía fue trasladado el pasado 16 de agosto de El Amate, en Cintalapa, al Centro de Reinserción Social Número 7, en Huixtla, en la Costa de Chiapas.

Su abogado César Cerisola, expresó su sorpresa por la decisión y admitió que ignoraba la razón por la que fue transferido a otro penal.

“No hay razón jurídica alguna para que se haya efectuado el traslado, cuando las causas penales que lo tienen en prisión está ante un juez radicado en el Penal de El Amate”, señaló el abogado en esa fecha.

La Iglesia Católica, a través de la Coordinación Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Tuxtla, expresó ante el fallo judicial que ha levantado distintas opiniones y sentimientos, considera que la ley debe resguardar el orden, por tanto, ni las suposiciones o acusaciones sin fundamento garantizarían la aplicación de una ley justa.

Ficha técnica
Procesos pendientes

Enfrenta otro juicio penal por presunto peculado de 104 millones de pesos, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público, entre otros.

Tiene otro alegato judicial en su contra por la muerte de al menos 32 recién nacidos en el hospital de Comitán de Domínguez, en hechos sucedidos entre 2002 y 2003.
Mariano Herrán Salvatti, procurador estatal, lo acusa directamente.