Jalisco, en ''nivel bajo'' de certificación de policías

CIUDAD DE MÉXICO (12/AGO/2013).- A casi dos meses de que venza nuevamente el plazo para que el 100% de los mandos policiacos estén evaluados, hay ocho estados que no alcanzan el 50 por ciento.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, son las entidades que reportan tener entre 25% y 50% de avance en la aplicación de pruebas de control de confianza, es decir tienen un bajo nivel en comparación con otros estados.

Mientras que las entidades que reportan un mayor avance, de entre 50% y 100% son Distrito Federal,  Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo y Michoacán.

Cifras del SESNSP indican que se han evaluado 326 mil 463 elementos estatales y municipales, lo que da un avance a nivel nacional de 63 por ciento. Cabe recordar que el plazo para evaluar al 100% de los cuerpos policiacos vence el 28 de octubre.

El Distrito Federal es quien reporta un mayor avance al haber aplicado 87 mil 082 pruebas de control de confianza a sus miembros de seguridad.

Sobre los Centros de Control de Confianza, son 38 los ya acreditados en todo el país, 35 en las entidades federativas y tres en instituciones federales.

En julio pasado el titular del SESNSP, Alejandro Rubido García informó en una reunión con senadores que para los mandos federales la cifra de evaluaciones realizadas se encontraba en 98 por ciento.

Rubido García reconoció la necesidad de estudiar esquemas diferenciados en cuanto a los exámenes que se les aplica a los cuerpos policiacos, dependiendo de su nivel de responsabilidad. Dijo que se agilizarán los esquemas de control, sin embargo, aclaró, no se restará valor metodológico, sino se adecuará a las condiciones particulares en las entidades.

El Economista