En Jalisco ya exigen hasta 50 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO (16/AGO/2010).- Los sacerdotes deben lidiar de manera cotidiana con amenazas e intentos de extorsión en localidades de Michoacán, Morelos, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Estado de México y Chiapas, dice Víctor René Rodríguez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

“Hablamos no solamente de cierta amenaza, sino de presión para exigir, en ocasiones, alguna extorsión con tal de dejarlos en paz a cambio de alguna cantidad de dinero, o amenazando su seguridad”.

La exigencia de cuota a párrocos de la Diócesis de Guadalajara es quizá la más escandalosa del país.

“Las solicitudes han estado más altas, no se quedan en los cinco mil o 10 mil pesos: han pedido hasta 50 mil pesos”, dice el sacerdote Antonio Gutiérrez, vocero de la diócesis.

Se trata de una amenaza nueva, que ocurre mayoritariamente en la ciudad. Este año, refiere Gutiérrez, se tienen informes de seis casos, pero muchos otros quedan sin delatarse “porque algunos padres mejor se quedan callados”.

En el Norte de Jalisco y parte de la Sierra de Nayarit, colindante con el Estado, hasta donde alcanzan las demarcaciones de la diócesis, la historia de amenazas contra curas data de más de una década.

En tales regiones, dice el vocero, no hay propiamente un intento de extorsión sino “indicaciones” de narcotraficantes para que no se les mencione en misa o se incluya en sermones advertencias para que los jóvenes se alejen de la droga.

En 10 años, tres sacerdotes murieron en accidentes. Hay quienes “se los han querido atribuir al narco, como consecuencia de que alguno de ellos no guardó silencio o hizo algo que no les pareciera, pero no ha sido comprobado. La sospecha, sin embargo, no se elimina”, sostiene.

Gutiérrez cree, pese a todo, que los intentos de extorsión y las amenazas que sufren en Guadalajara provienen de criminales de ocasión y no de la delincuencia organizada.

“Creo que si fueran del crimen organizado cumplirían algún tipo de amenazas, porque ellos actúan, dicho entre comillas, profesionalmente y con un sacerdote continuarían su chante, sus amenazas y sus intimidaciones”.

Casos extremos se han presentado en Michoacán, donde las fiestas patronales en pueblos están suspendidas. “El día de la celebración llegan representantes de estos grupos y reclaman: ‘o dando tanto o no se puede hacer esta fiesta porque nosotros no la hemos autorizado’.

Así, con una amenaza y un cumplimiento efectivo, es que los obispos han optado por reducir las celebraciones de fiestas patronales al ámbito estrictamente religioso”, dice Víctor René Rodríguez.

Son disposiciones adoptadas por otras diócesis en comunidades alejadas de las grandes poblaciones de Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit, agrega, “donde estos grupos criminales suelen cumplir sus amenazas”.