El cerro a debate

Guanajuato fue, como Jalisco, uno de los primeros estados de la República en que se aprobaron mecanismos de participación directa en las decisiones gubernamentales. Hasta hace poco, Guanajuato era, como casi todas las entidades que tienen plebiscito y referéndum, un Estado que no había estrenado esas herramientas.

Este domingo, sin embargo, los guanajuatenses de la capital vieron un extraño escenario: urnas para votar a favor o en contra de la urbanización del Cerro de La Bufa. Sí, ése que siempre sale atrás de las casitas de colores en todas las postales.

Desde hace un par de meses, unos activos ciudadanos se pusieron a trabajar para impedir que se construyera sobre ese cerro, que sirve de vista a la ciudad, un hotel y 800 casas. La cosa se empezó a poner calientísima, la gente se empezó a manifestar y el nuevo alcalde (bueno, tan nuevo como los de Jalisco; tiene un año) no sabía para dónde hacerse: la urbanización ya había sido aprobada, el terreno era privado, las intenciones eran escandalosas y ahora qué diablos hacemos.

Y encontraron la manera: un plebiscito. Aquí es en donde empieza el hilado fino, pues el primer impulso es aplaudir que los gobernantes consulten sus decisiones con los ciudadanos. Y no. No siempre es posible y casi nunca es plausible. La mayoría sirve para elegir gobernantes, no para gobernar. Pero hay un matiz: el gobernante puede tomar decisiones apoyándose en estas herramientas. Para eso sirven: para desatorar conflictos en los que la razón ha sido rebasada y la ley sirve para varios amos. Total, que en Guanajuato armaron el numerito y le preguntaron a la gente.

Evidentemente, ocho de cada 10 de los poquitos que se pararon en las urnas le sacaron la lengua a la urbanización y ¿qué creen? Se canceló.

La argucia del alcalde, Nicéforo Guerrero, es buenísima. Casi no votó nadie, los resultados no son vinculantes (no obligan) y, sin embargo, Guerrero revocó el acuerdo, absolutamente legal, de la urbanización del predio. Eso es encontrarle una salida política a un problema jurídico. Y sin pasar por encima de la ley, sin tomar decisiones unipersonales y autoritarias. Guerrero tuvo la excusa perfecta y la aprovechó, pero sobre todo, envió un mensaje de “real politik” a muchos de sus colegas. La democracia directa puede ser utilísima para gobernar. Y claro, peligrosísima para los ciudadanos.

Congreso en quiebra

Sorprende que los bancos no quieran prestarle dinero al Congreso local tomando como garantía el presupuesto del próximo año, pero se agradece el gesto codo de los banqueros. La nómina la tendrán que pagar los legisladores. Es insultante que los 39 diputados tengan mil 200 empleados. Podrían contratar a la mismísima Asociación Mundial de Derecho Constitucional para sacarles la chamba con una quinta parte del dinero y los recursos humanos, pero ah, entonces, ¿quién haría el trabajo político en las casas de enlace, verdad? La cosa puede resolverse así: si se acabó el dinero, que paguen los diputados.