Desmantela la SFP red de corrupción en Pemex Petroquímica

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) desmanteló una red de corrupción en las compras y adquisiciones de Pemex Petroquímica, e inhabilitó a casi todos los funcionarios públicos de esa área, además de que denunció penalmente a los empresarios y a los servidores públicos.

El titular de la dependencia federal, Salvador Vega Casillas, explicó que también se detectaron esquemas de corrupción en las casetas de cobro de Caminos y Puentes Federales, en las compras de Distribuidora Conasupo (Diconsa), en el Sistema de Aduanas y en la construcción del Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca.

Al comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario dejó en claro que para la administración federal "la estrategia de combate a la corrupción es firme y decidida".

Comentó que todos los casos referidos fueron sancionados administrativamente y la Procuraduría General de la República (PGR) integra las averiguaciones previas respectivas sobre probables delitos.

La fiscalización y el control de la secretaría tienen la finalidad de combatir la corrupción y la promoción de la mejora en la gestión, explicó.

En el segundo año de la presente administración federal, se efectuaron 4 mil 200 auditorías, lo que significa que cada semana la SFP concluye 80 y finca 290 observaciones, detalló.

Derivado de las auditorías, cuando se presumen actos no apegados a la legalidad se emiten informes de presunta responsabilidad, de los cuales se reporta un promedio de 30 por semana, en los que pueden estar involucrados uno o varios servidores públicos, describió.

Como resultado de las auditorías y las revisiones, se recuperaron recursos a la Tesorería Federal de la Federación (Tesofe) por 2 mil 641 millones de pesos en el periodo del Segundo Informe de Gobierno, resaltó.

Las auditorías a los recursos federales otorgados a estados y municipios permitieron reintegrar 230 millones de pesos a la Tesofe el año pasado y, adicionalmente, tanto las auditorías como las revisiones de control promueven cuatro mil 600 acciones de mejora en toda la administración pública federal, expuso.

La recepción de quejas ciudadanas tienen también un doble propósito, pues la mejora y el combate a la corrupción constituyen un buen elemento de control social, destacó Vega Casillas.

Refirió que en el periodo del Segundo Informe de Gobierno se recibieron 26 mil 424 peticiones ciudadanas que representan un promedio de 508 por semana, entre las cuales se encuentran quejas, denuncias, consultas y recomendaciones.

Las auditorías y las peticiones ciudadanas son una herramienta eficaz para combatir la corrupción, pues 37% de las sanciones administrativas que impone la SFP tienen su origen en una queja o denuncia ciudadana, abundó.

Derivado de la fiscalización y atención a quejas y denuncias, se emitieron 7 mil 896 sanciones administrativas a 6 mil 744 servidores públicos, por lo que cada día laborable se sancionó a un promedio de 33.7 funcionarios, y 4.4 de éstos fueron inhabilitados, concluyó.