Cierre a camiones mexicanos deja pérdidas a EU

WASHINGTON, EU.- Luego de un año de disputas y represalias por la prohibición ejercida por Estados Unidos (EU) contra el paso y circulación de camiones mexicanos en su territorio, un grupo de 56 legisladores han decidido agitar la bandera blanca y exigir a la administración del presidente Barack Obama, la solución a un conflicto que ha tenido “un devastador impacto” en la economía estadounidense con pérdidas que se calculan en casi dos mil 600 millones de dólares y la cancelación de aproximadamente 25 mil empleos.

Como el pistolero que se ha dado un tiro en el pie, los grupos de interés que representan a los granjeros y empresas agrícolas de los estados de California, Texas y Washington, entre otros, han exigido a la administración de Obama dé un “urgente plan de acción para rectificar esta situación” que propiciaron los poderosos sindicatos de los camioneros estadounidenses y que “se ha tornado insostenible”.

La desesperación del sector agrícola más afectado por esta disputa, se hizo patente la semana pasada, durante las audiencias programadas para revisar el presupuesto enviado por la administración del presidente Obama al Congreso.

Hace un año, un grupo de legisladores estadounidenses se hicieron eco de las “preocupaciones de seguridad” que esgrimieron los sindicatos camioneros preocupados, en realidad, con la competencia de los transportistas mexicanos, para demandar y ordenar la cancelación del financiamiento al programa de prueba iniciado por el Gobierno del presidente Bush para permitir el cruce fronterizo y la circulación de camiones de mexicanos a Estados Unidos.

Esta decisión, en franca violación a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, obligó al Gobierno de México a fijar impuestos como represalia a una larga lista de exportaciones estadounidenses, incluyendo frutas y bienes industriales, por dos mil 400 millones de dólares.

El debate

Larga historia de incumplimientos

El primero de enero de 1996, el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) estipula la apertura de la frontera entre Estados Unidos y México, para permitir a las empresas de autotransporte mexicanas ofrecer sus servicios de transporte transfronterizo de carga, hacia los estados fronterizos de Estados Unidos (California, Texas, Arizona y Nuevo México) y se estipula para el año 2000, que esta apertura se extienda al resto de Estados Unidos.

En diciembre de 1995, la administración de Clinton anunció que posponía la implementación de dicho capítulo del TLCAN y hasta ahora, a los camiones mexicanos sólo se les es permitido trabajar en una zona restringida de dichos estados denominada “corredor fronterizo”.

Las causas, según Estados Unidos, obedecen a la falta de legislación en materia de seguridad y la poca reglamentación existente en México, además de alegar que los camiones utilizados por las compañías mexicanas no cumplen con las medidas de seguridad establecidas en Estados Unidos por el Departamento de Transporte (DOT por sus siglas en inglés).

La apertura de las carreteras estadounidenses a compañías mexicanas de transporte de carga es fuertemente rechazada por algunos grupos de poder, incluida la hermandad internacional Teamsters, una de las Uniones Laborales más fuerte en Estados Unidos. Los Teamsters son acusados de tener miedo a la competencia que dicha apertura pueda generar, escudándose en las críticas a la seguridad que hacen agencias como DOT y en el mal estado de los equipos con los que trabajan dichas compañías.

En septiembre de 1998 México demanda a Estados Unidos ante la Comisión de Resolución de conflictos del TLCAN y Estados Unidos contrademanda.

En marzo de 2009 el Congreso estadounidense aprobó un presupuesto para 2009 que entre una de sus disposiciones eliminó la posibilidad de que camiones mexicanos puedan cruzar libremente la frontera, al revocar un programa experimental que el Gobierno de George W. Bush instauró en 2007.

En respuesta, México tomó represalias: un incremento de aranceles a cerca de 90 productos industriales y agrícolas estadounidenses por unos dos mil 400 millones de dólares.

El 90% de los productos que intercambian México y Estados Unidos entra por sus carreteras; 86% de los productos que llegan a México son transportados por territorio nacional, por medio de camiones de carga.