Caso Almanza confronta diferentes versiones entre familiares y Sedena

MÉXICO (03/JUL/2010).- Un viaje a la playa se vio truncado y terminó en tragedia para la familia Almanza Salazar cuando dos de sus hijos de cinco y nueve años murieron en una carretera del norte de México, en un hecho que involucró a militares y que se ha transformado en un asunto que pone a prueba la credibilidad del ejército mexicano.

Los primeros reportes del gobierno aseguraron que los pequeños Martín y Bryan Almanza murieron el 3 de abril en una carretera de Tamaulipas al quedar la camioneta de su familia en medio de un enfrentamiento entre soldados y sicarios del narcotráfico. Los padres lo refutaron y dijeron que no hubo ningún choque armado y que los militares dispararon directamente en su contra, sin razón aparente.

El caso tomó otro nivel hace unos días, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer una investigación propia y además de avalar la versión de la familia, aseguró que los militares alteraron la escena para hacer creer a la opinión pública que se trató de un enfrentamiento.

El reporte de la CNDH no es menor, sobre todo en momentos en que el ejército maniobra para acercarse más a una sociedad que en el actual gobierno ha tenido que aprender a lidiar con miles de soldados desplegados en las calles como parte de la estrategia del combate al narcotráfico.

"Es una situación complicada que sí pone en duda la credibilidad del ejército, no tanto como instancia que da protección a la ciudadanía o que combate al narcotráfico, sino porque eventualmente encubre ciertos hechos", dijo Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas en declaraciones publicadas por la agencia AP.

A partir de su investigación, la CNDH emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que indemnice a la familia Almanza, instruya a los soldados a no alterar escenas y someter periódicamente a los militares a exámenes toxicológicos y psicológicos.

Marat Paredes, segundo visitador de la CNDH y uno de los responsables de la investigación, dijo que además de la recomendación (que no tiene efectos vinculantes), la comisión presentará denuncias ante las Procuradurías General de la República y de Justicia Militar.

La Sedena informó el viernes que aceptaba la recomendación, pero que parte de su cumplimiento está sujeto a que la Procuraduría de Justicia Militar concluya su investigación, para "evitar prejuzgar sobre la responsabilidad del personal militar".

Aclararon que los elementos militares son sujetos a exámenes toxicológicos y psicológicos.

El tono mesurado de la Sedena contrastó con declaraciones unos días antes del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien ya rechazó de antemano que se haya alterado la escena y calificó el reporte de "descontextualizado'' porque no tuvo acceso a las indagatorias del propio ejército, no obstante que admitió que no se les podía dar porque están reservadas por ley.

Según un peritaje de la CNDH, el vehículo de la familia en que viajaban 13 personas resultó con 11 disparos en el parabrisas, tres en el cofre, tres en la puerta delantera izquierda, cinco en la puerta trasera izquierda, dos en el costado trasero izquierdo, además de seis en la tapa trasera y la defensa, incluido un impacto producido por una granada de fragmentación.

Cinco personas resultaron heridas, aparte de los pequeños fallecidos.

La Sedena también ha dicho que una prueba del enfrentamiento es que el vehículo de la familia quedó entre otras dos camionetas, donde quedaron muertos dos presuntos sicarios vestidos con ropa tipo militar. Para respaldarlo, el ejército ha presentado fotografías de las tres camionetas y los cuerpos de los presuntos atacantes.

La CNDH, sin embargo, aseguró que esas dos camionetas fueron puestas después del ataque.

"No tenemos ninguna duda acerca de que esas camionetas no estaban. De que había cuerpos, también lo sabemos, no es una situación que ignoremos... (pero) el hecho que es indubitable es que no estaban al momento del acontecimiento'', afirmó Paredes.

Dijo que los testimonios de dos testigos señalaron que pasaron por el lugar a las 9:30 de la noche de ese día y sólo estaba la camioneta de los Almanza. Dos horas después, al regresar por la misma vía, observaron que estaban otros dos vehículos adelante y atrás del de las víctimas.

El funcionario militar dijo que les llama la atención que esos dos testigos sean los hermanos del papá de los niños. Paredes evitó confirmar el parentesco por una política de la CNDH de proteger la identidad de víctimas y testigos.

Las horas en que ocurrieron los hechos tampoco coinciden. La familia dice que ocurrió entre las 6:30 y 7:00 de la noche, poco antes de que oscureciera, mientras que el ejército sostiene que fue por lo menos una hora después, cuando ya estaba oscuro.

Aún más, la Sedena dice que cerca de las 9:30 de la noche un civil llegó a donde estaban los militares sobre la carretera y les notificó que en su rancho había heridos que necesitaban ayuda. Paredes aseguró que a esa misma hora ya recibían atención médica, según se los demostró con documentos el hospital al que fueron trasladados.

Paredes dijo que pidieron a la Sedena acceso a sus indagatorias, pero les fue negado. Aún así, aseguró que las conclusiones de la CNDH no habrían cambiado.

"Las evidencias que nosotros tenemos son lo suficientemente sólidas para sostenerse, con o sin acceso a la averiguación previa (de las autoridades militares)'', afirmó.

La CNDH ha emitido, desde su creación hasta junio de 2010, un total de 63 recomendaciones a la Sedena. De ellas, 49 las ha hecho en lo que va del gobierno del Presidente Felipe Calderón, por casos que incluyen cateos ilegales y tratos crueles o degradantes.

La Sedena ha aceptado plenamente 57 recomendaciones.

El caso de los Almanza ha tenido eco en organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), que ha respaldado a la comisión.

"No es la CNDH la que está en el banquillo, es la Sedena dados sus antecedentes'', señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

"Cuando se trata de responder frente a cargos de violaciones a derechos humanos, no están acostumbrados a rendir cuentas y actúan sobre la base del secreto'', añadió.