Autodefensa en Guerrero condiciona liberación de funcionarios

ACAPULCO, GUERRERO (09/MAY/2013).- Los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), aseguraron que no liberarán a los cinco funcionarios retenidos en la casa de justicia de San Luis Acatlán hasta que no lleguen a un acuerdo con las autoridades del Gobierno del estado, que esperan desde hace cuatro horas en su Asamblea Regional.

Asimismo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, hizo un pronunciamiento manifestando su indignación por las acciones de hostigamiento, represión y la privación ilegal de la libertad así como la violación a las garantías individuales y colectivas que presuntamente se han enfrentado en los últimos días.

El comandante de la policía comunitaria, Leonel Vázquez Leal, denunció que hace dos horas, tres grupos de policía del municipio de Ayutla de los Libres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano cuando se dirigían a la asamblea regional pero luego fueron liberados cuando se hizo una llamada a un coronel del 48 batallón de infantería.

"Ellos quieren tregua y no quieren aflojar ellos (el Ejército), alega que no es su territorio para salir, pero es el único paso para llegar a San Luis Acatlán y vienen de comisión no vienen en operativo, nos siguen hostigando con el argumento de que no tienen la licencia colectiva para portar armas y que no están en sus territorios", señaló.

Agregó que había una propuesta de cambiar de sede por parte del Gobierno, pero ellos dijeron que no y que se haga en San Luis Acatlán.

En la asamblea regional que se realiza en San Luis Acatlán tiene que participar los comandantes regionales, policías y coordinadores para tomar un acuerdo con las autoridades sobre sus peticiones y poder liberar a los cinco funcionarios del gobierno del estado, entre ellos cuatro policías ministeriales y el secretario de Acuerdos del juzgado mixto de primera instancia con sede en San Luis Acatlán.

El coordinador regional, Eliseo Villar Castillo, dijo que desde las 10:00 de la mañana esperan a una comisión de gobierno del estado para dialogar, encabezada por el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado, y la procuradora de Justicia del estado, Martha Elva Garzón, sin embargo no habían llegado.

Los coordinadores regionales de las 4 casas que integran el sistema de seguridad, justicia y reeducación del territorio comunitario exigen al gobierno del estado y federal la devolución de 2 vehículos patrulla, de 8 armas cortas y 10 armas largas decomisadas por los militares y la Marina el lunes 6, además de las pertenencias personales de los policías que fueron detenidos como sus celulares.

Piden el reconocimiento y respeto a la ley 701 sobre los derechos y cultura de los pueblos originarios del estado de Guerrero, el derecho al uso de armamentos de alto calibre, el libre tránsito de la policía comunitaria dentro del territorio estatal y nacional.

También exigen la cancelación de las averiguaciones previas integradas en la Subdelegación de la Procuraduría General de la Republica en contra de Eliseo Villar Castillo, Raúl de Jesús Cabrera, Iván López González, Leonel Vázquez Leal, Israel Reyes Cruz y Fermín Raymundo Martínez.

Otra de las propuestas que le hacen a las autoridades del gobierno del estado y federal es que se cancele la causa penal número 21/2013, ubicada en la mesa uno, del juzgado segundo de distrito a nombre del policía comunitario Margarito Oropeza Ignacio y la devolución de la fianza de 13 mil 500 pesos y la devolución del arma decomisada.

Demandan la exoneración de Raúl Manzanares Navarrete, recluido en el cereso de San Luis Acatlán por el delito de homicidio y la cancelación de una averiguación previa de Nicasio Castro Agustín, coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco en Malinaltepec.

Además piden la intervención del gobierno del estado ante la Secretaría de la Defensa Nacional para la autorización de la licencia colectiva 110 a la CRAC-PC.

"Nuestra asamblea regional como máxima autoridad ha tomado la siguiente decisión: para finiquitar el conflicto existente exigimos que sean cumplidos los planteamientos ya mencionados, aclarando, estamos en la mejor disposición de establecer un diálogo bajo los criterios de corresponsabilidad tanto del gobierno federal, estatal y la CRAC-PC", señala el pronunciamiento.