Acusan que la PGR inventó cargos contra tres indígenas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), después de que concluir que ésta acusó a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio con base en testigos falsos y en testimonios “de oídas”.

Eso, sin contar con que los tres agentes federales que señalaron haber sido retenidos por las indígenas son los mismos que fueron comisionados para investigar el caso, lo que, en opinión de la CNDH, impide una búsqueda imparcial de la verdad histórica y jurídica de los hechos.

Sin embargo, la CNDH omitió pronunciarse en torno a las sentencias condenatorias que emitió el juez que lleva el caso, porque, explicó, no forma parte del ámbito de su competencia el supervisar las actuaciones de los impartidores de justicia.

En el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, la CNDH considera que fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de la que fuera Agencia Federal de Investigación de la PGR.

Esto último, agrega, porque al ratificar el parte informativo que rindieron en las comparecencias ministeriales, los agentes policíacos señalaron que en su retención participaron directamente, además de las agraviadas, tres o cuatro personas más, de las que proporcionaron características fisonómicas y de su vestimenta, además de señalar que de tenerlas a la vista las reconocerían.

Sin embargo el representante social en ningún momento adoptó medidas para verificar la identificación de esas probables responsables, ni practicó dictámenes periciales como retrato hablado o fotografía, con el fin de girar la orden de presentación correspondiente.

La CNDH recordó que recibió la queja el 26 de marzo de 2006 en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, donde agentes federales de investigación adscritos a la PGR efectuaron un deficiente e irregular operativo que ocasionó daños diversos en los bienes de comerciantes quienes exigieron ser resarcidos.

A cinco de los seis agentes involucrados se les permitió retirarse y sólo quedó uno de ellos con los comerciantes, en tanto sus compañeros dijeron que consiguieron 70 mil pesos para cubrir los daños. Los agentes de la PGR denunciaron entonces ante el agente del Ministerio Público Federal que fueron retenidos ilegalmente por comerciantes y pobladores de la comunidad, sin identificarse, ni aportar datos personales o de registro en dicha Procuraduría, necesarios para su localización en cualquier momento procesal.

Esta irregularidad en que incurrió el agente ministerial colocó en estado de indefensión a las agraviadas, ya que a la fecha no ha sido posible realizar el careo de las personas procesadas con la persona que las denunció y les imputó varios delitos, lo que trajo como consecuencia la nula posibilidad de que establecieran una defensa jurídica adecuada para pelear su inocencia.

Por este motivo, la CNDH en su recomendación, registrada con el número 47/2009 se le pide al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, que gire instrucciones para que el Órgano Interno de Control en la PGR y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos investigue al personal involucrado en este caso.

Y que inicie una averiguación previa por tratarse de irregularidades graves que pueden trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro.
Además de que le remita al agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado que conoce de la causa penal una copia de esta recomendación, para su análisis y consideración al momento de dictar sentencia definitiva.

Para saber...

En el caso de las decisiones que se han emitido en los juzgados y tribunales competentes “no se emite pronunciamiento alguno respecto de las distintas actuaciones de los órganos jurisdiccionales que han conocido de la Causa Penal 48/2006, a las que expresa su absoluto respeto, pues tampoco corresponde al ámbito de competencia de la CNDH resolver respecto de la culpabilidad o inocencia de las agraviadas, facultad exclusiva del órgano jurisdiccional ante el cual se instruye la causa penal respectiva, que está pendiente de resolución”.