Zapopan requiere órgano investigador independiente de la administración

ZAPOPAN, JALISCO.-  La creación de un órgano autónomo en el Ayuntamiento de Zapopan que conjunte las facultades para indagar y sancionar a funcionarios públicos, traería “tranquilidad y certidumbre jurídica” en la resolución de las denuncias de corrupción, señala la titular de la Secretaría General, Teresa Brito Serrano.

Ayer este diario informó de la propuesta que están desarrollando la Sindicatura y la Secretaría General de Zapopan, para crear una nueva instancia municipal que pueda garantizar una actuación independiente ante los grupos políticos que encabezan la administración municipal.    

“Platicábamos el síndico (Ricardo Anguiano Apodaca) y yo sobre la inquietud de que tenemos una Contraloría Municipal que gravita en la esfera administrativa municipal, que depende de la administración pública municipal, y que por ende, podría no ser tan imparcial como es que la necesitamos. Tenemos la idea de proyectar una Contraloría Municipal que sea un órgano independiente, ciudadanizarlo hasta cierta medida, y entonces que se puedan iniciar todas las investigaciones de todos los hechos que encontremos como irregulares desde un ámbito que no parta desde dentro de la administración municipal”.

Anguiano Apodaca considera que el ingrediente ciudadano podría incluirse en una junta de gobierno que encabece al órgano municipal. Brito Serrano siguió: “Esto obedece a unos criterios que desde el nivel federal se están trabajando, nos dimos cuenta en el estudio de la Ley de Fiscalización, en  cómo se intentó con la Auditoría Superior del Estado hacer algo semejante; queremos que esto se aterrice en la Contraloría Municipal y queremos ser innovadores en ese sentido. Ya tenemos muy avanzado el proyecto y vamos a lograr tranquilidad y certidumbre jurídica en el resultado de las investigaciones que se lleven a cabo; no sólo una Contraloría, sino también ‘de responsabilidades’, para que se lleve a cabo la investigación y posteriormente todo lo que es el procedimiento administrativo para determinar o no la responsabilidad de algún servidor público”.

Actualmente, cuando la Contraloría Municipal investiga un presunto caso de corrupción, turna sus resultados a la Sindicatura; ésta integra el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa y lo pone a punto de resolución, para que el presidente municipal se pronuncie finalmente sobre la sanción. Los responsables de las dos primeras y el alcalde son actualmente miembros activos del PAN, el partido en el poder.

Para ejemplificar, se puede mencionar que la investigación por el supuesto desvío de recursos públicos contra el que fuera precandidato de ese partido a la alcaldía, Bernardo Guzmán, fue tarea de esas instancias municipales, pese a que era del conocimiento público que Guzmán era el alfil de Sánchez Aldana.

Brito Serrano destaca acerca del nuevo órgano: “Todo estaría al margen de las decisiones de los que suscribimos –en este caso– finalmente una sanción administrativa, como es el síndico, el presidente municipal y como es la secretaria general, seria muy interesante pues hablaríamos de una esfera vigilante totalmente imparcial”.

– ¿En qué figura jurídica está pensando para el órgano?
– Estamos pensando en un órgano desconcentrado de la administración pública, que no gravite directamente en la administración central; no podemos declararlo totalmente independiente, un principio y ya sería una ventaja, es generar un órgano desconcentrado y empezar a hacer ejercicios con el mismo. Ayudaría mucho y abonaríamos también al interés que tenemos por desvirtuar los resultados del Índice Municipal de Corrupción (IMC)”

– ¿Para cuándo tendrán lista la iniciativa?
– Se vienen ya los procesos de entrega-recepción, con entregas, haberes y deberes. Qué importante es entregar a la nueva administración proyectos tan interesantes como éstos, un proyecto para que lo compren y lo establezcan en las siguiente administración, sería la idea… con eso nos damos”.

– ¿Y la mejora regulatoria?
– La creación de una Dirección de Mejora Regulatoria que simplifique los trámites municipales es una propuesta concreta de la Secretaría General. El IMC confirmó que la principal motivación de los ciudadanos para sobornar a funcionarios es agilizar la resolución de los procedimientos del Ayuntamiento. Entre otros objetivos (de la dependencia) está el análisis del marco jurídico municipal y su interrelación con la legislación estatal y federal, para constituirse en una herramienta de apoyo para los regidores y también para las áreas operativas. Ahora que salieron  los resultados del IMC cobra vigencia esta iniciativa de la Secretaría General porque entonces si nosotros velamos por un marco jurídico acorde a la dinámica social que se está viviendo, de esta manera estamos abonando a una definición clara de los procesos y trámites administrativos”.

La dependencia ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Mejoramiento de la Función Pública, aunque sigue pendiente la aprobación de la Comisión de Gobernación: “Tengo la certeza de que tendremos una buena respuesta por parte de los regidores tanto de la Comisión de Mejoramiento de la Función Pública como de Gobernación, han platicado los señores regidores que las integran y lo ven con buenos ojos”.

El informe

En el último informe de la Coparmex se calificó a los ayuntamientos como “cuellos de botella” cuya regulación obstaculiza la generación de nuevas empresas. Brito Serrano declaró: “Si tienes en los reglamentos bien definido los trámites que como particular tienes que realizar ante una autoridad para obtener algún servicio, no tiene por qué existir el menor asomo de corrupción, le llamo corrupción también a la dilación, a extremar los tiempos en la solución de un problema, independientemente de algún requerimiento de índole económico”.

En este proyecto de la Secretaría General el objetivo para lo que resta de la administración se centra en la elaboración de un diagnóstico preciso del marco jurídico, del que se desprenda un plan de actualización. “Por lo menos eso”, apuntó Brito Serrano, “haciendo un análisis pormenorizado de la reglamentación municipal, la estatal y la federal que inciden en esta primera, y con base en ese diagnóstico trazar un programa de trabajo”.