GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- La posibilidad de que se formalicen sanciones contra el Congreso del Estado por el conflicto jurídico entorno al nombramiento del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) Antonio Flores Allende, está latente por un proceso de inejecución iniciado contra el Poder Legislativo local, reconoció el diputado perredista Saúl Galindo Plazola, aunque aclaró que el asunto no ha llegado a la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Lo que tiene en jaque a los diputados es un amparo concedido al aspirante a magistrado Nicolás Alvarado Ramírez, que se inconformó por la designación de Flores Allende desde 2015. La estrategia a seguir en el tema dividió a los diputados y se rompió el pacto que tenían las fracciones parlamentarias para defender de la designación. Con 21 votos a favor y siete en contra, el pleno del Legislativo aprobó enviar un informe al juzgado sexto de distrito en materia administrativa en el que consideran necesario suspender cualquier acto de cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 2882/2015, con el argumento de que la Segunda Sala de la SCJN atrajo el asunto. El acuerdo no convenció a todos los diputados y el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Monraz Ibarra, presentó un dictamen para cambiar el nombramiento y designar a Nicolás Alvarado Ramírez, finalmente este punto se retiró y no se puso a votación. La acción del presidente del Congreso provocó que el diputado Ismael del Toro, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, propusiera acuerdo para remover a todos los integrantes de la Mesa Directiva, señalando que el presidente se excedió al intentar que se votará el dictamen para nombrar a Alvarado Ramírez. "El presidente, con una muy mala asesoría de su equipo jurídico no atiende lo que la asamblea le mandató de dar continuidad a todo el proceso jurídico que se lleva en este caso y esperar a que la Corte sea la que decida una vez que atrajo los autos, decide presentar, careciendo de facultades, un acuerdo legislativo, lo somete a votación y evidentemente desatiende el mandato de la Asamblea", argumento legislador emecista. El acuerdo para remover a la Mesa Directiva se votaría en la próxima sesión. La preocupación de los legisladores por una sanción se evidenció en que once diputados presentaron justificantes para ausentarse de la sesión. Faltaron los priistas Hugo Contreras, Susana Barajas, Juana Ceballos, Liliana Morones, Anahí Olguín y Oswaldo Bañales. De Movimiento Ciudadano Lourdes Martínez Pizano, María Elena de Anda, Kehila Ku Escalante, Fela Pelayo y José García Mora de Nueva Alianza. Por otra parte, en la sesión extraordinaria se recibió notificación del Supremo Tribunal de Justicia respecto a la renuncia al cargo del magistrado Carlos Raúl Acosta Cordero, que deja el puesto después de 49 años de trabajo en el Poder Judicial. SABER MÁS Antonio Flores Allende fue nombrado como magistrado del STJ en noviembre de 2015, para ocupar el lugar que dejó bacante Gilberto Ernesto Garabito García, retirado al cumplir 70 años. Martín Morales Vázquez y Nicolás Alvarado Ramírez, que participaron en el proceso para ser magistrados, impugnaron el nombramiento. Debido a diferentes recursos ganados por los quejosos, el Congreso ha tenido que reponer el proceso y ratificado en tres ocasiones el nombramiento de Flores Allende. Los diputados de la Comisión de Justicia ya fueron multados por este caso. EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS
