Señalan a ex diputados por abuso de autoridad

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2012).- Los integrantes de la pasada Legislatura burlaron de manera evidente los principios de austeridad, transparencia y eficiencia, concluyeron los integrantes de la actual Comisión Especial Temporal para el Análisis, Revisión y Cotejo del Patrimonio del Congreso, cuyos trabajos de análisis de la información del proceso de entrega-recepción concluyeron este martes.

Los integrantes de esta comisión temporal leyeron las conclusiones parciales a las que llegaron luego de la revisión de los documentos a la que tuvieron acceso; los cinco integrantes de esta comisión coincidieron que hicieron falta datos e información para dar a conocer sus conclusiones.

Debido a las irregularidades detectadas, la presidenta de esta comisión temporal, Fabiola Loya Hernández, concluyó que hay suficientes elementos para fincar responsabilidades a funcionarios de la pasada Legislatura.

Por unanimidad, los legisladores aprobaron proponerle a la Comisión de Administración y a la Asamblea Legislativa que se finquen responsabilidades a quienes cometieron delitos como peculado, abuso de autoridad, sustracción de documentos, falsificación de documentos, desvío de atribuciones y facultades.

La Comisión propuso además iniciar un proceso jurídico para anular las basificaciones ilegales realizadas durante la LIX Legislatura, "dado que son claramente violatorias de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al no cumplir con los plazos de antigüedad estipulados en este ordenamiento, entre otras irregularidades en la integración de expedientes. Existen 210 basificaciones ilegales que deben ser corregidas lo antes posible".

La legisladora de Movimiento Ciudadano responsable del análisis de la documentación relacionada con Recursos Humanos explicó que se constató un incremento desmedido en la plantilla laboral en la pasada Legislatura y un profundo descontrol administrativo respecto a los trabajadores del Congreso del Estado.

Loya Hernández dijo que en los documentos oficiales de la pasada Legislatura existe constancia que se dejaron 70 supernumerarios, "pero la información revisada muestra que los supernumerarios fueron más de 450, por lo que evidentemente se intentó ocultar la información".

Se advierte que la LIX Legislatura basificó a 219 servidores públicos, y sólo nueve de estos nombramientos se concretaron de manera legal.

Señala que el Poder Legislativo podría perder la mayoría de los juicios laborales debido a que los expedientes, de manera dolosa, fueron indebidamente integrados, registrándose múltiples casos de expedientes contradictorios, incompletos y con inconsistencias.

"Podríamos estar frente al delito de peculado ya que se realizaron pagos cuando no se tienen elementos que justifiquen la situación jurídico-laboral de toda la plantilla de trabajadores del Congreso".

La comisión concluyó que los principales involucrados de esta serie de irregularidades son los integrantes de la Comisión de Administración de la pasada Legislatura, la Secretaría General, la Dirección de Administración y Recursos Humanos y la Dirección de Apoyo Informático.

La comisión especial propondrá a la Comisión de Administración que involucre a organizaciones de la sociedad civil para que de forma honorífica e independiente, supervisen y vigilen los trabajos de la Auditoría Administrativa y Financiera al Poder Legislativo, aprobada por esa comisión temporal.

La revisión de las finanzas del Congreso se llevará a cabo por un despacho contratado por el Poder Legislativo, luego de que se lleve a cabo una licitación.

El diputado del PRI, Salvador Rizo e integrante de esta comisión temporal, consideró que antes de contratarse un nuevo despacho deben analizarse los resultados de la auditoría que se llevó a cabo en 2010 por al empresa Russell Bedford.

Será el pleno del Congreso el que remita estas recomendaciones a la Comisión de Administración, donde serán analizadas.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ