GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- Por distintos abusos cometidos en contra de ciudadanos involucrados en procesos de procuración de justicia, de 2013 a la fecha, la Fiscalía General del Estado consignó los casos de 200 servidores públicos: la mayor parte agentes del Ministerio Público, policías investigadores y policías estatales, afirmó la fiscal Central, Marisela Gómez Cobos.“Van desde alguna falta cometida con algún ciudadano, alguna omisión en sus actividades, abuso de autoridad de algún tipo”, acentuó la funcionaria estatal.En casos específicos de agresión y tortura son 13 los sancionados; los demás fueron castigados por abuso de autoridad y otras causas.Entre los consignados, los más numerosos son policías investigadores, que suman 68; le siguen los elementos de Fuerza Única Regional, metropolitana y estatal, con 65; y en tercer lugar están los agentes del Ministerio Público, con 27. El resto lo completan custodios, policías viales, auxiliares e inspectores de centros penitenciarios.Gómez Cobos destacó lo anterior como acciones que responden a los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este lunes.El estudio colocó a Jalisco como la segunda Entidad en agresiones del Ministerio Público hacia presos: de los internos que contestaron, 61.3% indicó que fue objeto de alguna agresión por parte de autoridades ministeriales. Reportaron desde golpes y patadas hasta descargas eléctricas y asfixia.Gerardo de la Cruz, académico de la Universidad Panamericana, sostuvo que los datos que arrojó este documento son fieles a la realidad que viven los presos en este Estado.“Finalmente se les presenta una realidad documentada, una investigación realizada por una institución imparcial. No puedes decir que hubo intereses políticos y por tanto no la puedes descalificar tan fácilmente”.El investigador agregó que los ataques en contra de las personas detenidas, desde que las arrestaron hasta que llegaron al Ministerio Público, eran una práctica común: “Muchas veces en el ámbito de investigación, donde se permitía que se presionara a los inculpados para obtener una confesión”.Sin embargo, De la Cruz resaltó que con el nuevo Sistema de Justicia estos actos ya no se justifican, pues la confesión ya no es tan valiosa. Destacó que se debe invertir más en fortalecer la capacidad de investigación de las corporaciones.Aunque no se contempla la contratación de más agentes del Ministerio Público, la fiscal Gómez Cobos explicó que buscan otros medios para subsanar este déficit, como la justicia alternativa. También aseguró que han promovido la denuncia para inhibir las agresiones.
