Proponen reformas para evitar abusos de ex burócratas

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2013).- Con la finalidad de evitar abusos de ex trabajadores y cómplices que participan en pleitos laborales, el presidente estatal del PRI, Hugo Contreras Zepeda y los diputados del PRI presentaron una propuesta de reforma a la Ley para terminar con los negocios con los que seudo abogados obtienen millonarias compensaciones.

“Lo que queremos es acabar con los abusos, que cometen ex-servidores públicos voraces que afectan el interés general”, señaló Contreras Zepeda.

El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Miguel Castro Reynoso, dio a conocer la iniciativa de ley que pretende reformas al capítulo de indemnizaciones en juicios laborales, propuesta que denominó como “Ley Anticochinos”.

Miguel Castro destacó que el propósito fundamental es evitar que se afecten las finanzas públicas y promover que los juicios laborales sean lo más ágiles posibles.

“En las últimas fechas se han dado cuenta de algunos hechos que han escandalizado a la opinión pública por su evidente injusticia y están las indemnizaciones por 30 millones de pesos que reclamaban quienes se ostentaban como ex-trabajadores del Siapa (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) y como ese, algunos otros casos en municipios como Chapala, Yahualica, Encarnación de Díaz, San Julián, Jocotepec, San Martín de Bolaños y la zona metropolitana de Guadalajara, entre otros”, dijo el legislador tricolor.

Señaló que esos casos han costado al erario, laudos que podrían dejar en bancarrota las administraciones, independientemente de los juicios que buscan sancionar a los presidentes municipales con suspensiones por retrasar los pagos.

El diputado del PRI indicó que existen en proceso unos cinco mil juicios laborales en donde los reclamos de indemnización alcanzan los cuatro mil millones de pesos.

“Y en este proceso nadie se salva, el mismo Congreso de Jalisco, ha sido condenado al pago de cuantiosos laudos por demandas de ex-funcionarios que en conjunto quieren cinco millones de pesos”, expuso Hugo Contreras líder de los priistas en Jalisco.

En tanto, Miguel Castro, señaló que del tamaño del problema es el tamaño de la solución, es por ello que sin contravenir ninguna disposición legal de carácter laboral o la Constitución proponen que el Estado de Jalisco regule las indemnizaciones en juicios laborales que deban pagarse por salarios caídos.

“Se trata de reformar el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, para quedar como sigue: Artículo 23. Si en el juicio correspondiente el patrón no demuestra la causa del cese a que se refiere la fracción V del artículo 22 o se resuelve que el despido de un trabajador de base fue injustificado por cualquier otra causa, el trabajador tendrá derecho a optar por su reinstalación cuando corresponda, o por el pago de una indemnización consistente en tres meses de salario y a que se le paguen los salarios vencidos que nunca podrán ser superiores al equivalente de seis meses. El pago se realizará en una sola exhibición, de conformidad con la suficiencia de la partida del presupuesto de egresos consignada para tal efecto”, señala la iniciativa.

Con esta modificación, dijo el diputado tricolor, se regulan las consecuencias para la entidad patronal por el despido injustificado de los trabajadores de base y se establece un monto tope a la indemnización por salarios caídos que no podría ser mayor a seis meses de salario.
 
Para saber

El coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro expuso, como ejemplo, que si “un trabajador del Congreso de Jalisco con un salario de 27 mil 960 pesos mensuales fuera despedido, tendría como indemnización total de 251 mil pesos, lo que contrasta con los reclamos de los ex-trabajadores del Siapa por 30 millones o incluso los de Cáritas, quienes piden cinco millones.

El diputado Héctor Pizano Ramos explicó que esta disposición será para los procesos legales que se inicien a partir de la reforma, los que están en proceso se atenderán conforme a las reglas actuales y esta propuesta no contraviene ninguna disposición legal federal o local y se sustenta en una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permite a los gobiernos de los Estados normar las relaciones laborales con su burocracia.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ