GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- A partir del 19 de julio de este año, cuando entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos tendrán que publicar la versión pública de sus declaraciones patrimoniales y de intereses, como lo establece el Artículo 29.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el fallo del ministro José Ramón Cossío Díaz, que establece que, al publicarse las declaraciones patrimonial y de intereses, se podrán suprimir los rubros que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.La postura de los ministros es que si bien resulta necesario que se haga pública más información de los servidores públicos para que exista un escrutinio público y se generen los incentivos para evitar las conductas irregulares, no toda la información personal es necesaria para la finalidad del nuevo sistema anticorrupción, ya que hay información que puede poner en peligro la vida o integridad del funcionario, y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo.Fuera de la discusión quedó la presentación de la declaración fiscal, ya que el tema no fue objeto de impugnación, por lo que no hubo un pronunciamiento de la Corte.De la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su Artículo 27 se desprende que la declaración de impuestos solamente estará disponible la versión pública de la constancia de la presentación de la declaración fiscal en la plataforma digital nacional.La Ley General de Responsabilidades Administrativas, también llamada Ley 3de3, fue aprobada por el Senado el año pasado, con una modificación al Artículo 29, propuesta por el Partido Verde y el PRI, que permite de manera discrecional no hacer públicos los datos privados que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por La Constitución.Sin embargo, los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron ante la Corte esta modificación y argumentaron que el esquema previsto no prevé un marco legal para regular el alcance del derecho a la información pública respecto de las declaraciones que presentarán los servidores públicos, facultando al comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para delimitar la información.Al respecto, la Corte resolvió que los legisladores sí definieron claramente los lineamientos y elementos que debe observar el comité para la elaboración de los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses, por lo que el resto de los artículos impugnados resultan también constitucionales.Para la Corte, la facultad de emitir los formatos no es discrecional ya que el comité debe apegarse al Artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, al 6 de la Constitución federal y a los Artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia para determinar qué información debe reservarse.GABINETE ESTATAL YA NO ACTUALIZÓ LS DOCUMENTOSA un año de que subieran sus declaraciones a la platafoma 3de3 de Transparencia Mexicana, el gobernador Aristóteles Sandoval y los secretarios que conforman su gabinete incumplen con la actualización de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, pues desde entonces no han reportado sus ingresos, patrimonio, ganancias de empresas, pago de impuestos o situaciones de conflicto de interés.El gobernador subió por primera y última vez su declaración en marzo del año pasado. En aquel entonces reportó un patrimonio de cinco millones 267 mil pesos distribuidos en cuentas bancarias, joyas, propiedades inmobiliarias, bienes muebles, obras de arte y menaje de casa.La actualización de las declaraciones es un pendiente, porque en la plataforma de Transparencia Mexicana sigue apareciendo Héctor Pizano como secretario del Trabajo, cargo que dejó hace más de dos meses para ocupar la dirigencia estatal del PRI.Cuestionado sobre la falta de actualización de las declaraciones de los integrantes del gabinete, Pizano justificó que cumplieron con el plazo que puso el gobernador en abril de 2016, pero desconoció por qué no han sido actualizadas. Transparencia Mexicana informó que, en Jalisco, 76 funcionarios públicos han hecho públicas sus declaraciones en la plataforma 3de3: el gobernador y 38 funcionarios de su gabinete, 25 funcionarios de gabinetes municipales, 18 diputados locales, 12 legisladores federales, seis alcaldes y un senador. El resto incumple.EnlacesConozca sus patrimonios y conflictos de intereses:Página de Transparencia Mexicana: http://3de3.mx/#/Guadalajara: www.guadalajara.gob.mx/3de3/Zapopan: www.zapopan.gob.mx/transparencia/3-de-3/En Guadalajara y Zapopan, rezagadosLos Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan mantienen abierto un portal de transparencia en donde se publican las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los funcionarios de primer nivel, pero está desactualizada.La mayoría de los funcionarios públicos en los portales oficiales de los Ayuntamientos ofrece información sobre el ejercicio 2014, cuando ni siquiera estaban en el Gobierno.Guadalajara y Zapopan son los únicos municipios de Jalisco (junto con siete más a escala nacional) que Transparencia Mexicana considera que tienen un “gabinete transparente”, pese a que han olvidado actualizar la información en sus propias páginas.Un ejemplo está en el alcalde tapatío, Enrique Alfaro, que en la página del municipio no reporta el millón 382 mil pesos de remuneración anual que recibió en su primer año de Gobierno, y sólo se mencionan sus ingresos por actividades fuera de la función pública. En cambio, en la página de Transparencia Mexicana sí tiene actualizados los datos.Por su parte, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, no ha actualizado sus declaraciones ni en la página del municipio ni de Transparencia Mexicana. Él revela sólo sus propiedades, vehículos y cuentas bancarias, pero no sus ingresos.Además de los alcaldes, hay 12 funcionarios de primer nivel en el municipio tapatío y 13 en Zapopan cuyas declaraciones también están desactualizadas en el portal de Transparencia Mexicana.Insisten en máxima publicidadCon el fin de combatir la corrupción, los conflictos de interés y evaluar la evolución del patrimonio y empresas de los servidores públicos, los diputados de Jalisco responden que impulsarán la máxima publicidad de la declaración 3de3.Pero las bancadas coinciden en que deben analizar el fallo de la Corte. De entrada, Movimiento Ciudadano insiste en buscar la máxima publicidad con la salvedad de que los datos que puedan reservarse sean solamente datos personales, sin omitir los nombres de las empresas o temas de patrimonio, señaló el diputado emecista Alejandro Hermosillo.En el mismo tono, el diputado del PRI Hugo René Ruiz Esparza adelantó que buscarán la obligatoriedad de presentar las declaraciones 3de3 en la reforma que se aprobará antes del 18 de julio, “hay convicción de distintos grupos parlamentarios para que en Jalisco sí sea obligatorio la máxima publicidad y transparencia en la presentación de las 3de3”. A decir del diputado, los servidores públicos deben transparentar su patrimonio antes, durante y después de su encargo, pero es uno de los que aún no presenta sus declaraciones. Y promete que el Congreso local buscará una reforma a la vanguardia que vaya más allá de la reforma federal.Por el lado de los incumplidos en presentar su declaración, el panista Miguel Monraz propone que los servidores públicos presenten su declaración durante los 10 años siguientes tras la conclusión de su encargo, “nos permitiría darle seguimiento al crecimiento de su patrimonio”.Coparmex llama a la transparenciaQue la transparencia a través de las declaraciones 3de3 sea una obligación, y no una opción que quede a criterio de cada funcionario. El presidente de Coparmex, Mauro Garza, espera que la reforma decretada en el Congreso de Jalisco en 2016 se haga valer y la obligatoriedad que aprobaron los legisladores “sea claramente pública”. “La Ley de Responsabilidades Administrativas será una de las leyes complementarias del Sistema Local Anticorrupción. Hacemos un llamado a los diputados para que en Jalisco se establezca la obligatoriedad y libre acceso a las declaraciones 3de3 como un elemento imprescindible para combatir la corrupción”.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina de que los servidores públicos de primer nivel no estarán obligados a presentar públicamente sus patrimonios?Participa en Twitter en el debate del día @informador
