Parada en Jalisco, ley ciudadana con eco en otros países

GUADALAJARA, JALISCO (16/OCT/2014).- Uno de los principales logros de la sociedad tapatía organizada es el parque lineal más grande de América Latina: la Vía Recreactiva. Tardó años en concretarse porque hasta el día de hoy sigue sin existir una ley que les permita a los ciudadanos organizarse para tomar decisiones que involucren a la ciudad.

Especialistas y ciudadanos agrupados en organizaciones de la sociedad civil reclaman falta de madurez política en el Congreso del Estado. Los diputados siguen pensando que las personas con voz y voto son menores de edad. "Hay un miedo a perder el poder, cuando lo que se tiene que hacer es empoderar a la sociedad", afirma Alberto Bayardo Pérez Arce, coordinador del
Observatorio legislativo del Iteso.

Y mientras el tema se politiza en el poder legislativo, el mundo sigue dando muestras de que la mejor democracia es la deliberativa: aquella que incluye la opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones. Irlanda quizá sea el mejor ejemplo: en 1937 aprobó su Constitución después  realizar un referéndum.

En California y Suiza es común que los gobernantes tengan que pedir la opinión de sus ciudadanos, para legitimar las decisiones que se impulsan desde el escritorio. En el índice de democracia que realiza la Unidad de Inteligencia de The Economist, Suiza ocupa el séptimo lugar, Irlanda el décimo tercero y Estados Unidos el 21 de una lista de 167; donde México está en el lugar 51... después de Trinidad y Tobago, Brasil, Chile y Jamaica.

Sin embargo, en Jalisco los intentos de participación ciudadana han sido infructuosos porque los mecanismos no están protegidos en las leyes. En 2008, la Federación de Estudiantes Universitarios tuvo que pelear en tribunales que se llevara a cabo un referéndum sobre el posible aumento de la tarifa del transporte público. Y lo perdió.

Actualmente las leyes piden márgenes por encima de las 100 mil personas organizadas que quieran impulsar un referéndum o plebiscito. La nueva ley bajaría el requisito a números menores de las 10 mil personas que quieran impulsar cambios en la sociedad.

EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA