PRD Jalisco exige que se aclare desfalco financiero del SIAPA

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2011).- El PRD calificó como un “grave desfalco” el presunto desvío de recursos que concretó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ( SIAPA) de un préstamo adquirido en 2008 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en donde la Banca Nacional de Obras y Servicio Públicos (Banobras) es el organismo encargado de la correcta aplicación de dichos recursos.

En el comunicado signado por Antonio Magallanes afirma que el PRD Jalisco reprueba ésta actitud y exige al consejo de administración del SIAPA, se finquen cargos penales y administrativos en contra de quien o quienes resulten responsables del ilícito, para que se aclare cuál fue el destino final de estos recursos y que se busque reintegrarlos a las arcas públicas.

“Estos hechos son sumamente graves, ya que se trata de delitos como peculado y desviación de recursos. El problema de desfalco financiero reconocido por el SIAPA en el que está inmerso producto de un crédito por dos mil 200 millones de pesos, representa un destape de una cloaca más de lo que es considerada la “caja chica” del gobierno del estado”, dijo el presidente del PRD estatal, Antonio Magallanes mediante un comunicado.

El líder en Jalisco del Sol Azteca afirmó que las consecuencias de este “fraude financiero” es que el organismo operador del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) puede hacerse acreedor a una multa a cargo del erario público estatal o federal al momento en que el BID exija la liquidación inmediata del crédito; “tanto los municipios encargados de administrar el SIAPA, como el gobierno federal o estatal también pueden llegar a ser objeto de cancelación de crédito para futuros eventos, pero también el boletinamiento para el ante otras organismos financieros”.

Antonio Magallanes además lamentó lo que calificó como “descrédito que tendrá éste organismo descentralizado operador del agua ante el BID, la tasa de intermediación del crédito se elevará por castigo de lo antes señalado”.

“Es inconcebible que cualquier instancia política y social acepte que dicho desfalco derive en el aumento de las tarifas por este servicio y por lo tanto que pague la soberanía”.



EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ