Niegan concesión de playas y lagunas para el ''nuevo Cancún''

GUADALAJARA, JALISCO.- La empresa Rasaland solicitó las concesiones de la playa donde se construirá el “nuevo Cancún” y de las lagunas de Chalacatepec y Xola-Paramán (ambas sitios Ramsar), pero la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió un dictamen negativo para la inmobiliaria.

El titular de la dependencia federal, Ernesto Enkerlin, comenta que han sido claros en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). “Las leyes son precisamente para darles seguridad y que no haya abusos. El Presidente (Felipe) Calderón ha sido claro en el mandato de respetar estos sitios, entonces no queremos frenar el desarrollo, pero tampoco dejaremos que se abuse. Estaremos atentos a este proyecto”.  

El ordenamiento territorial del Municipio de Tomatlán excluye a la playa de Chalacatepec como santuario de la tortuga marina, ya que la anterior administración mandó a analizar el decreto de la Conanp. En éste detectaron que las coordenadas caían en la playa.

“Pero interpondremos recursos, incluso estamos viendo la posibilidad de extender el área protegida de esta playa y de otras en el país porque las tortugas se están recuperando y porque es cierto que hay santuarios mal trazados, o porque ha cambiado el comportamiento de esta especie. Consideramos que los santuarios tienen un valor fundamental y es compatible con los desarrollos, pero obviamente que no les construyan un hotel. Se
pueden disfrutar las playas y se puede construir si no afectan a las tortugas”.

Considera que legalmente ganarán la batalla contra el ordenamiento municipal de Tomatlán. A pesar de las fallas de los decretos en el geoposicionamiento, afirma que la intención es proteger las playas. “Le haremos ver a los jueces que hay un error cartográfico, pero que no puede utilizarse en perjuicio del santuario”.

Por otra parte, el Gobierno de Jalisco no emitió un seguro en el que se compromete a reponer los 89 millones de dólares que se tomaron de Pensiones del Estado para invertir en el proyecto turístico de Chalacatepec, en caso de que no sea costeable.

A través de Infomex Jalisco, el Instituto de Pensiones responde que no se emitió este documento. “Para garantizar la seguridad de los recursos invertidos de los afiliados y pensionados, la operación se efectuó mediante la figura de fideicomiso, otorgando así la certeza jurídica y financiera del proyecto”.

El valor de garantía real de este fideicomiso, afirma, “es la tierra, bien inmueble que se revalorará por las obras de urbanización en el mismo predio”, así como las obras de infraestructura (carretera) que construyen los gobiernos federal y estatal y el aeropuerto de Costalegre.

“Basados en la nueva reglamentación, el Consejo Directivo consideró positivo destinar un porcentaje menor al 6% del valor real de los activos del Instituto de Pensiones, a proyectos de inversión atractivos que generen mayores rendimientos de seguridad a los ahorradores del Estado”.

La inversión se realizó en mil 200 hectáreas que han generado polémica por la manera en que Rasaland las adquirió (hay un conflicto agrario de pequeños propietarios y el ejido de José María Morelos), pero hasta el momento no han explicado qué sucederá si no se recupera la inversión.

Destaca que las negociaciones para el desarrollo turístico se iniciaron en marzo pasado, ocho meses antes de que se aprobara la Ley de Pensiones que permite invertir el dinero de los trabajadores del Estado.

Para dar certidumbre a los trabajadores de Pensiones, el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Abraham González Uyeda, considera que el Gobierno debe garantizar esos fondos con sus participaciones federales.

“Con esto se le quitaría ruido al proyecto… que el Gobierno del Estado le entre al quite”.
El gobernador Emilio González Márquez anunció el 27 de enero el “nuevo Cancún”, en el cual invirtió 89 millones de dólares de Pensiones. Otros 94 millones de dólares corresponden a Rasaland, para la primera etapa.

Reservan plan maestro

El plan maestro del proyecto es información reservada. Así lo decidieron los integrantes del Comité de Transparencia e Información Pública de Pensiones del Estado, el 29 de enero de 2010.

El argumento es que la inversión se realizó bajo la figura jurídica de un contrato de fideicomiso entre Pensiones (con participación minoritaria) y Rasaland, y establecen que los términos del convenio jamás serán revelados, publicados o difundidos. Argumentan que si alguna parte incumple, deberá indemnizarse con 30 mil salarios mínimos diarios.