Lidera Fiscalía General lista de servidores públicos inhabilitados

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUL/2014).- El Gobierno del Estado acumula 104 servidores públicos o funcionarios inhabilitados en el periodo abril de 2013-junio de 2014, pero es la Fiscalía General la que lidera la estadística con 79 sancionados. Desde el año pasado esta dependencia fusionó a las áreas de la Procuraduría de Justicia, Secretaría de Seguridad y Movilidad.

En la Mesa de Redacción, el fiscal Luis Carlos Nájera reconoció el año pasado que habían despedido a más de 40 agentes, entre consignados y dados de baja. “Casi todos son por corrupción, por pedir dádivas, entre ministerios públicos, coordinadores, investigadores y policías estatales. La limpia va en serio”.

Ejemplificó el caso de un puesto de socorro en donde “pedían una cantidad de dinero para liberar a una persona que merecía la libertad”.

La inhabilitación es una sanción de carácter administrativo establecida en la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco. Impide a los que fueron sancionados a ejercer cualquier empleo, cargo u omisión dentro del servicio público (federal, estatal o municipal), durante no menos de tres meses ni más de seis años.

Los organismos públicos descentralizados del Estado suman 27 inhabilitaciones en el periodo en mención, siendo el Colegio de Bachilleres (seis sancionados), el Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno (cuatro) y la Universidad de Guadalajara (tres) los tres principales involucrados.

Entre los ayuntamientos, Tlajomulco es líder con 11 inhabilitados, seguido de San Miguel Hidalgo (tres), Guadalajara (uno) y Tlaquepaque (uno).

Los datos forman parte del Registro Estatal de Inhabilitaciones implementado por la Contraloría de Jalisco desde abril del año pasado. Sin embargo, los Poderes Judicial y Legislativo, así como 30 ayuntamientos, no han notificado cuántos burócratas fueron inhabilitados. El Registro está incompleto.

La Ley ordena a la Contraloría conformar el Registro de forma física y electrónica. Cualquier ciudadano puede acceder de forma física a la información si acude a la dependencia (Vallarta 1252, en la Colonia Americana). El problema es que en el portal electrónico hay fallas por parte de la autoridad al no desplegar la lista completa de inhabilitados, por lo que se debe conocer específicamente el nombre y apellidos para acceder a la información en el buscador http://contraloria.app.jalisco.gob.mx/inhabilitados/.

La Secretaría de la Función Pública, por su parte, sí publica en su página electrónica los nombres de inhabilitados de todos los poderes o entidades públicas mediante el Registro de Servidores Públicos Sancionados (http://rsps.gob.mx/Sancionados/main.jsp). En el sitio web también existe un apartado en el que se exhiben las sanciones impuestas por los Gobiernos estatales. Las conclusiones son que el Distrito Federal representa el primer lugar de sancionados en el ámbito nacional y reporta mil 774 inhabilitaciones, destituciones, suspensiones y amonestaciones entre los años 1991 y 2014. En el segundo sitio está Jalisco con 307 inhabilitados entre 1997 y 2014. La máxima sanción es por seis años y se contabilizan seis casos.

En el tema exclusivo de las inhabilitaciones, en el periodo mencionado, el Distrito Federal tiene 552 casos y 257 destituidos, varios con causa penal; es decir, el doble que Jalisco.

Por su parte, Veracruz reporta desde 1994 un total de 26 inhabilitados (uno por 10 años porque la ley es diferente a la de Jalisco). Michoacán registra 159 inhabilitados a partir de 1996, mientras Nuevo León tiene 94 inhabilitados de 1998 a la fecha (la mayoría sancionado entre 2010 y 2012). Estado de México no tiene información.

ANALIZAN REFORMAS A CINCO LEYES PARA SER PRESENTADAS ANTE EL LEGISLATIVO
Contraloría quiere leyes más duras

Para ser más precisos en las sanciones contra funcionarios o servidores públicos se requieren reformas a cinco leyes, indica Juan José Bañuelos Guardado, contralor del Estado, quien informa que analiza con la Secretaría General de Gobierno las modificaciones para ser presentadas ante el Congreso de Jalisco.

Se trata de cambios importantes “en la Ley de servidores públicos, en la Ley de responsabilidades, en la Ley Orgánica, en la Ley de compras y obra pública. Las estamos revisando para que las disposiciones específicas sean compatibles. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Es posible (que este año se presenten ante diputados para su análisis y eventual aprobación)”.

— ¿Se enfrentará a los sindicatos? —se le cuestiona—. ¿Por qué no se legisló antes sobre estos temas?

— No puedo responder eso. Al modificar las leyes que proponemos se aplicarán a quienes estamos trabajando en este momento. Somos los sujetos posiblemente sancionados por una ley más dura. Tenemos que hacer una valoración de las conductas y las penas, es complicado, en esta legislatura deben avanzar.

— ¿Vienen elecciones intermedias y podrían complicar esas reformas?

— No es tema electoral, es tema que preocupará a los partidos. Hay que conciliar, manejarlo con mucho cuidado. Estamos trabajando juntos con las reformas.

En 2013, la Contraloría confirmó que se habían observado siete mil 573 millones de pesos por presuntas irregularidades en el ejercicio fiscal 2012 del Gobierno estatal y organismos descentralizados, principalmente, en el que fue el último año de la administración de Emilio González. Incluso, el contralor dijo que podrían ser 10 las denuncias penales contra ex funcionarios.

Las dependencias auditadas fueron el Despacho del Gobernador, la Procuraduría Social, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Turismo, los Servicios de Salud del Estado, el Seguro Popular y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. También el Instituto del Trabajo, el CAPECE, el Code, el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), el DIF Jalisco, el Iprovipe, Conalep, Sistecozome, Instituto Técnico Superior de Puerto Vallarta, Servicios y Transportes, el SEAPAL, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Hasta la fecha solamente un ex funcionario está en la cárcel. Se trata de Roberto Valle Pinzón, quien fuera tesorero de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe). Aunque está amparado Jorge Sánchez Martínez, quien fuera titular de la dependencia, la acusación de la Contraloría para ambos ex funcionarios es por un presunto desvío de 50 millones de pesos del erario.

— ¿Cómo va el tema de las observaciones por los siete mil millones? —se le cuestiona al contralor.

— Involucra a diversos funcionarios y no podemos manejarlo con total libertad porque la mayoría de auditorías están inconclusas...

— ¿Sólo una persona está en la cárcel?

— Ya me estás preguntando otras cosas —evade el tema subrayando que la entrevista es sólo para tratar el tema de inhabilitados.

— ¿Se está actuando contra los malos funcionarios?

— La auditoría persigue procesos, de ésos hay responsabilidades de las personas. Nosotros solamente encontramos los procesos indebidos y le corresponde a la Fiscalía (dar seguimiento).

— ¿Están sancionando a los malos funcionarios?

— La pregunta no es planteada correctamente. La existencia de la auditoría es para verificar la calidad del proceso administrativo. Es lo que maneja la auditoría. Si en esos elementos encontramos desviaciones del proceso, se establecerá como responsabilidad de la Fiscalía quiénes son los responsables de eso. Yo no meto al bote a nadie, le corresponde al fiscal.

EL DATO

Suman 28 organismos públicos descentralizados 134 sanciones administrativas (independientes a las inhabilitaciones), principalmente el Colegio de Bachilleres (18), Iprovipe (14), UdeG (13), Ciencias Forenses (12) y Comisión Estatal del Agua (12).

GUÍA
Lo que dice la Ley...

— ¿Qué tipo de sanciones se aplican en la ley de responsabilidades?

— Apercibimiento, amonestación por escrito, sanción pecuniaria, suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a 30 días laborables. También la inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

— ¿Qué es una inhabilitación?

— Es una sanción de carácter administrativo establecida en la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco, que impide a los que fueron sancionados a ejercer cualquier empleo, cargo u omisión dentro del servicio público (federal, estatal o municipal).

— ¿Quién aplica la sanción de la inhabilitación?

— Es aplicable por la resolución que emita el titular de la entidad pública correspondiente.

— ¿Qué es el Registro Estatal de Inhabilitados?

— Fue instituido por la Contraloría del Estado de forma física y electrónica de manera anual, con la finalidad de asentar las inhabilitaciones impuestas por las autoridades.

— ¿Qué dice el Artículo 80?

— Establece la obligación de las entidades públicas de informar a la Contraloría las inhabilitaciones que hubiesen impuesto para lo cual deben remitir copias certificadas de la resolución, lo que debe hacerse en un término no mayor de 10 días hábiles contados; es decir, cuando la sentencia sea firme, lo que puede ser porque el servidor público no la impugnó o, en su caso, cuando es confirmada por el órgano jurisdiccional correspondiente.

INHABILITADOS POR MALOS SERVIDORES

Gobierno del Estado 2013-2014*

Procuraduría (Fiscalía) 35

Secretaría de Seguridad (Fiscalía) 29

Secretaría Vialidad (Fiscalía) 15

Secretaría de Finanzas (Sepaf) 7

Secretaría Desarrollo Rural 3

Secretaría de Salud 3

Secretaría de Gobierno 3

Secretaría de Administración 8(Sepaf ) 2

Secretaría del Trabajo 2

Despacho del Gobernador 2

Procuraduría Social 1

Secretaría Desarrollo Humano 1

Secretaría Turismo 1

Total 104

OPDs 2013-2014*

Colegio de Bachilleres 6

Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno 4

UdeG 3

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 2

DIF 2

Ciencias Forenses 2

Iprovipe 2

Hospital Civil 1

Industria Jalisciense de Rehabilitación Social 1

Instituto de la Educación para los Adultos 1

Instituto Jalisciense de la Artesanía 1

Tren Eléctrico Urbano 1

Protección Civil 1

Total 27

Ayuntamientos

Tlajomulco 11

San Miguel Hidalgo (El Limón) 3

Guadalajara 1

Tlaquepaque 1

Total 16

GRAN TOTAL 147

* Abril de 2013-junio de 2014.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Además de las inhabilitaciones, la Contraloría reporta el número de sanciones administrativas contra burócratas, independientes a las inhabilitaciones.

Las áreas relacionadas con la Fiscalía también lideran la estadística:

Entidad pública 2010-2014

Procuraduría (Fiscalía) 105

Seguridad (Fiscalía) 99

Vialidad (Fiscalía) 58

Salud 27

Finanzas (Sepaf) 22

Secretaría de Gobierno 18

Administración (Sepaf) 12

Educación 12

Infraestructura y Obra Pública 9

Promoción Económica 7

Cultura 4

Desarrollo e Integración Social 4

Desarrollo Rural 4

Trabajo 4

Turismo 3

Contraloría 2

Procuraduría Social 5

En junio de 2013, el Poder Judicial respondió a la Contraloría que no tenía inhabilitados. Desde entonces no actualiza la información, de acuerdo con la Contraloría.

El Congreso de Jalisco ignoró el requerimiento de la Contraloría desde julio de 2013, con la intención de que informara la lista de inhabilitados. La petición de la dependencia estatal fue remitida a comisiones legislativas.

Alcaldías incumplen ley

Las alcaldías que no han remitido información a la Contraloría son:

Amatitán

Ameca

Atemajac de Brizuela

Atenguillo

Atoyac

Bolaños

Cihuatlán

Chimaltitán

Ejutla

Guachinango

Hostotipaquillo

Huejuquilla el Alto

Jamay

Jesús María

Juanacatlán

Mexticacán

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tapalpa

Tecalitlán

Teuchitlán

Tizapán el Alto

Tolimán

Tonila

Unión de San Antonio

Unión de Tula

Valle de Juárez

Villa Corona

CLAVES
A fondo

Modificación Las reformas a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos en Jalisco entraron en vigor en octubre de 2012.

Responsabilidad La Contraloría alimenta el Registro Estatal de Inhabilitados. Desde abril de 2013 requirió información a todas las entidades públicas de los tres órdenes de Gobierno y Poderes, pero 30 ayuntamientos y los Poderes Judicial y Legislativo no respondieron con base en la ley.

Actualización El contralor del Estado giró órdenes para que cada mes se actualice el Registro Estatal, en lugar de hacerlo anualmente.

Cambio La Contraloría anuncia que el sistema electrónico del Registro Estatal de Inhabilitaciones será modificado para hacer más fácil la búsqueda de sancionados.

Constancia La Contraloría de Jalisco emite las constancias de no inhabilitación de servidores públicos, pero al no reportar las entidades no se tiene conocimiento de los burócratas que han sido despedidos o inhabilitados.

Fallas electrónicas y diferencias

Una decena de ex funcionarios enfrenta la mayor sanción administrativa de seis años de inhabilitación por anomalías en auditorías internas, pérdida u ocultamiento de documentos oficiales, así como la omisión en la presentación formal de la entrega-recepción, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública.

El problema es que en el buscador electrónico del Registro Estatal de Inhabilitados, que alimenta la Contraloría de Jalisco, no aparece ninguna de estas personas.

La Dirección de Comunicación Social de la Contraloría admite deficiencias en esta herramienta y se compromete para rehabilitarla y publicar próximamente el listado completo de sancionados, con el propósito de rendir cuentas de forma sencilla y rápida.

Lo que sí entregó fue la estadística de inhabilitados por nombre y entidad pública, pero esta información contradice declaraciones de funcionarios estatales en el tema de servidores públicos o funcionarios que han sido despedidos. El caso emblemático es la Secretaría del Trabajo de Jalisco: hace un par de semanas, el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer, señaló que había despedido a 82 servidores públicos por irregularidades graves o hechos de corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuatro de ellos relacionados con los famosos abogados “talibanes”. Sin embargo, la Contraloría del Estado solamente reporta dos inhabilitados entre 2013 y 2014.

El 7 de julio de 2014, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, destacó ante representantes de la Cámara de Comercio que alrededor de 50 funcionarios habían sido objeto de sanciones, que van desde la destitución hasta la suspensión sin goce de sueldo hasta por seis meses. El problema es que el Poder Judicial le respondió a la Contraloría que no había registro de inhabilitados al corte del 31 de mayo de 2013. Ya pasó más de un año y el Poder Judicial no ha reportado más información a la Contraloría.

LA CIFRA

147 burócratas estatales y municipales fueron inhabilitados entre abril de 2013 y junio de 2014

104 de los inhabilitados son funcionarios estatales

27 de los inhabilitados laboraron en organismos públicos descentralizados

79 elementos de la Fiscalía fueron inhabilitados en el periodo referido

6 años es el mayor lapso en que el funcionario sancionado no podrá ejercer un cargo público

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