Ley de Narcomenudeo divide opiniones entre mandos policiales

GUADALAJARA, JALISCO.-  Luego de que el pasado 30 de abril la Cámara de Diputados aprobara la llamada Ley de Narcomenudeo que, entre otras cosas, establece la coordinación de los tres niveles de Gobierno en su combate y define los consumos máximos sin criminalizar a los consumidores, EL INFORMADOR se dio a la tarea de entrevistar a los distintos directores de Seguridad Pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y el resultado de la encuesta refleja opiniones encontradas en su percepción de la polémica disposición.

El titular de la Policía de Guadalajara, Macedonio Tamez Guajardo, calificó el nuevo estatuto como “interesante”: “Me parece muy interesante que ya se esté facultando a los estados para investigar y perseguir el tráfico de drogas a pequeña escala. Es obvio que la PGR (Procuraduría General de la República) no ha sido suficiente para perseguir este grave delito. De tal manera que, viéndose su actividad reforzada por las 32 procuradurías locales que existen en la República, van a tener mejores resultados”.

Entretanto, el jefe de la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan, Rito Padilla García, consideró que la intención de establecer la Ley de Narcomenudeo es “bien intencionada”, pero puntualizó que tiene implicaciones que deben estudiarse más a fondo.

“Hay que verlo con dos vertientes; obviamente el aspecto de salud y otra que tiene que ver con el delito mismo del narcotráfico. Creo que el espíritu de la ley (...) es bien intencionado, pero en la práctica va a ser muy difícil”.

Señaló que la disposición federal tiene un alto riesgo y un alto costo: “sin querer refutar el buen espíritu de la ley, pero creo que (al momento de realizar la aprehensión) el policía en la práctica tendrá dificultades para aplicarla correctamente”.

Por su parte, el director de la Policía de Tonalá, Roberto Rodríguez Preciado, señala que la nueva ley podría ser considerada como un arma de doble filo.

“Creo que las personas que consumen drogas deben tener un trato no como delincuentes, sino como enfermos. Lo que sí hay que cuidar es que en un momento dado no se nos genere un problema de que alguna de las personas que traen las dosis (permitidas) cuenten con más vendedores con esta misma cantidad de droga y, en el momento en que los detengan, digan que son para su consumo”.

Consideró que la labor de encubrimiento que podrá desempeñar la Agencia Federal de Investigación (AFI) “promete bastante”, ya que en las labores de infiltración de los agentes federales se podría dar con el proveedor principal de la droga, llegando con ello a “desenmarañar una organización delictiva”.

Finalmente, Juan Antonio García Corona, titular de la Dirección de Seguridad Pública en Tlaquepaque, opinó que la decisión debió ser consultada por varias instancias, dado el gran peso que tiene una ley de tal envergadura.

“Siendo una decisión del Poder Legislativo Federal, debió haber sido consensuada, analizada y aprobada por la población, la Secretaría de Salud Pública Federal y la propia Secretaría de Gobernación, pues se debió haber previsto el daño que, en cantidades mayores de droga, puede causar al organismo de una persona”.
Consideró que se debió consultar la situación que atraviesan los países en los cuales la portación y el consumo de droga están regulados, antes de atreverse a incorporar este esquema como propio.

Para saber

La Ley contra el Narcomenudeo permite al narcodependiente portar cantidades mínimas de droga, las cuales serán utilizadas para uso personal.

Las medidas mínimas son: dos gramos de opio; 50 miligramos de diacetilmorfina o heroína; cinco gramos de cannabis sativa, indica o mariguana; 500 miligramos de cocaína; 0.015 miligramos de LSD (lisérgida); 40 gramos de metanfetaminas, principalmente.

También se contempla la decisión de que sea hasta el tercer reporte del Ministerio Público para que un ciudadano que sea captado en posesión de las dosis permitidas sea enviado a tratamiento obligatorio para combatir su adicción a los farmacodependientes.

Las nuevas reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, llamadas Ley de Narcomenudeo, fueron enviadas al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

EL INFORMADOR // Isaack de Loza