Jalisco da un paso hacia la legislación contra discriminación

GUADALAJARA, JALISCO (27/SEP/2013).-Jalisco está entre los nueve estados mexicanos que no tienen un marco normativo que trate la discriminación; pero un paso ya está dado: actualmente se discute en comisiones del Congreso estatal una iniciativa de Ley para prevenir y sancionar estos actos.

Una persona que sea víctima de discriminación podrá presentar su queja ante un consejo; ahí se analizarán los pormenores del acto discriminatorio y se le asesorará; se abrirá un periodo para alegatos y finalmente la resolución, que incluye sanciones administrativas desde una amonestación pública hasta una multa; además de acciones paralelas como verificación de que no se reincida o cursos para un trato sin discriminación; así lo plantea la iniciativa, presentada por el diputado panista Víctor Sánchez.

Si todo se desahoga en calma, la Ley podría estar publicada a principios del año que viene, comenta el diputado. Por ahora se discute en las Comisiones de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales; de lo que se esperan propuestas, modificaciones y demás.

A la par se enriquecerá con aportaciones ciudadanas y foros, y si se evalúa viable, se buscaría también complementar con reformas al Código Penal para que los actos tengan sanciones de esta índole, expresa Víctor Sánchez.

Sin embargo, de acuerdo al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ( Conapred), Ricardo Bucio, la vía de la sanción penal para la discriminación es ineficaz, dado que el sistema de justicia entorpece el proceso y hay mejores resultados en rutas como la presentación de quejas y búsqueda de conciliación, publicó este medio el 23 de enero.

De la iniciativa el diputado destaca lo referente a las sanciones, dado que desglosa actos que debe acatar la parte que cometió la falta, como cursos para evitar el acto discriminatorio, las disculpas públicas y otras reparaciones de daño.

Un mecanismo legal de discriminación adecuado no debe centrar su atención en las medidas correctivas, explica Bucio, puesto que son imprescindibles también acciones de prevención y adecuación de sistemas de queja.

Además del vacío legal que hay en Jalisco con este tema, con la Ley se pretende acercar los mecanismos a lo local, pues si bien existe el Conapred, no hay estatutos para prevención, queja y sanción aterrizados en el Estado, expresa el legislador.

Sistemas de queja, necesarios en combate a discriminación

El funcionamiento correcto de los sistemas de quejas por discriminación es clave en el combate a ésta y deben ser impulsados por los marcos legales, los cuales también tienen que estipular acciones de prevención, más allá de medidas correctivas, explicó Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

"Lo que toca en principio es que haya una ley estatal que defina qué es lo que está prohibido y qué es lo que se busca en términos de política de igualdad, pero que le dé obligaciones tanto al Gobierno del Estado como a los gobiernos municipales de garantizar y evidentemente también que genere los mecanismos para que haya la queja ciudadana".

La ausencia del marco legal contra la discriminación, como sucede en Jalisco, implica la omisión al reconocimiento de un derecho; aunque la creación de leyes debe llevar por ende un organismo especializado en su operación, expresó el presidente de Conapred para este medio en enero pasado.

La efectividad para la resolución de casos de discriminación está en otras vías al margen del sistema de justicia mexicano, puesto que su ineficacia entorpece los procesos. En cambio, con mecanismos de queja y conciliación se logran mejores resultados.

Para saber

El Conapred tiene un modelo de Ley dirigida a las entidades del país, en éste las sanciones se definen, en primera instancia, con distintas medidas administrativas que tienden a que se repare el daño y a la no repetición. Si con esto no se llegó a una resolución, lo que sigue son las medidas en las que Conapred hace recomendaciones similares a las comisiones de Derechos Humanos, pero que obliga a su cumplimiento. En caso de no cumplir, se pasa a una sanción por incumplimiento ejercida ya por otra instancia, un Tribunal Administrativo, explica el presidente del Consejo.

EL INFORMADOR/ ALEJANDRA PEDROZA