Inhabilitan a ex regidores de Acatlán de Juárez

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2013).- En un hecho histórico, el pleno del Congreso local erigido como Jurado de Sentencia determinó que sí procedía juicio político en contra del ex presidente municipal de Acatlán de Jurárez, Edgar Santiago Aviña y los ex ediles; María de Jesús Villegas, Ana Bertha Lara, Irma García, Richard Moreno,  Marco Antonio Mendoza, y Fernando Ruiz Serrano, después de presentar pruebas, de una etapa de alegatos y de conclusiones con 25 votos a favor y la abstención del panista, Guillermo Martínez Mora, el pleno en su calidad de Jurado determinó sancionar a los señalados con la inhabilitación a ocupar cargos públicos en los próximos 15 meses.
 
Es la primera vez desde que existe la Comisión de Responsabilidades en el Congreso local, que avanza un proceso de juicio político y se sanciona a los señalados.
 
La Comisión de Responsabilidades determinó que los procesados eran responsables por incumplir la Ley al votar en el año 2010 la no incorporación del entonces regidor Albertico Frías Sánchez quien se incapacitó y cuando quiso reintegrarse al cargo, el ayuntamiento votó en contra de su reinstalación y además lo inhabilitó para ocupar cargos durante cinco días
 
Durante la presentación de pruebas y alegatos, el defensor legal de los ex ediles, Abelardo Serrano, señaló inconsistencias en el proceso, pues dijo que una de las regidoras, Ana Bertha Lara no estuvo presente en la sesión de ayuntamiento donde se votó la no incorporación del edil Albertico Frías, mientras que el edil Juan José Galarza sí acudió a la sesión y no se le señaló como responsable.
 
El presidente de la Comisión de Responsabilidades, Juan Carlos Márquez Rosas fue el encargado de presentar las pruebas que presentó el ex regidor Albertico Frías inconformándose por la decisión del ayuntamiento de no dejarlo reintegrarse como edil. Explicó que se incluyó como responsable a la ex edil Ana Bertha Lara porque si bien es cierto que no estuvo presente en la sesión donde se votó la no incorporación de Albertico Frías, sí suscribió el dictamen.
 
En tanto, señaló que en el caso de Juan José Galarza si bien era integrante del cuerpo edilicio, en la solicitud de juicio político no estaba incluido el nombre de ese regidor "y como la Comisión de Responsabilidades no podemos sentenciar a quienes no están señalados en la solicitud de juicio político, no lo hicimos".
 
Márquez Rosas llamó al abogado defensor de los ex ediles a presentar pruebas de que el proceso estaba viciado. Abelardo Serrano se limitó a señalar que el proceso "estaba viciado".

En contexto
 
Albertico Frías, quien promovió la solicitud de juicio político contra ediles de Acatlán de Juárez, pidió licencia como regidor de Acatlán porque tenía una plaza en 2010 en el ayuntamiento de Guadalajara, director de Proyectos Especiales y Educación Popular en Guadalajara con un sueldo de 16 mil pesos mensuales, por ello solicitó licencia al cargo; este argumento no fue expuesto por el abogado de la defensa, Adalberto Serrano en la sesión extraordinaria donde el Congreso se erigió como Jurado de Sentencia.
 
Para saber
 
Las sesiones en las que el Congreso se erige como Jurado de Sentencia deben ser extraordinarias.
 
Los integrantes de la Comisión de Responsabilidades presentan las pruebas y alegatos en sesión extraordinaria a la que acuden los señalados, ante el resto de los diputados quienes escuchan a ambas partes, al momento de votar las sanciones, los diputados de esa comisión se exculpan de votar porque ellos presentan las pruebas para sancionar a los señalados.
 
En lo que va de la instalación de la Comisión de Responsabilidades solo han procedido tres juicios políticos, uno en contra del ex presidente municipal de Tlajomulco, Guillermo Sánchez Magaña y el ex alcalde de Puerto Vallarta, Gustavo González; estos dos procesos prosperaron hasta el punto en el que se presentaron pruebas y alegatos ante el Jurado de Sentencia, pero el pleno del Congreso votó en contra de los argumentos de la Comisión de Responsabilidades.
 
Este es el primer proceso en el que el pleno del Congreso avala las pruebas presentadas por los integrantes de esa comisión legislativa.
 
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ