GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2016).- Por presumir que bienes inmuebles y muebles asegurados por las autoridades han sido instrumento, objeto o producto de un delito, por lo que los propietarios perderán los derechos sobre los mismos para pasar al Estado, la Fiscalía General inició las primeras demandas de extinción de dominio, que es como se conoce al procedimiento descrito.Se trata de una sucesión testamentaria para efectos de la extinción de dominio de dos propiedades en el fraccionamiento Bugambilias que sirvieron para llevar a cabo un secuestro; una finca más en Tlaquepaque, relacionada con el delito de narcomenudeo; y una demanda más por dos vehículos utilizados para un secuestro. Estas demandas ya se encuentran en el Juzgado Séptimo y Décimo segundo de lo Civil, informó el fiscal General, Eduardo Almaguer.El fiscal explicó que si bien en el país existe ya una ley federal en la materia, así como una ley estatal, la extinción de dominio no se había puesto en marcha debido a que no se contaba con un área que se encargara de esas actividades. Fue que en marzo pasado se publicó el decreto de creación de la Unidad Especializada para la Investigación Criminal y la Extinción de Dominio en la Fiscalía General del Estado. Además de las cuatro demandas, se iniciaron acciones para la integración de expedientes para solicitar en los juzgados civiles la extinción de dominio de otros 27 bienes inmuebles, de los que 22 están ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, un inmueble en Chapala, uno más en Teuchitlán (el rancho Los Amiales), otro en Tepatitlán (llamado rancho La Laborcilla), y dos casas en Lagos de Moreno.También se integran los casos para proceder sobre 72 vehículos; y sobre las autopartes que se han asegurado en operativos anteriores que ya han sido abandonadas por los que se decían los propietarios, se procederá a su destrucción.Almaguer aclaró que entre los 27 expedientes que recién se integran aún no se incluye la finca en Zapopan ligada al caso del cantante Gerardo Ortiz, pero la del rancho La Cevada, en La Primavera, relacionada al caso Ciudadela, sí está en proceso. "También forma parte de los bienes inmuebles en los que estaríamos buscando la extinción de dominio".Pedirán reformas al Código Penal del EstadoEl fiscal anunció a su vez que ya enviaron a la Secretaría General de Gobierno una iniciativa de reforma al Código Penal para aumentar penas y sanciones a las personas que se involucren con bienes producto de una actividad delictiva."De cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta o traspase o transporte o transfiera dentro del territorio estatal hacia otras entidades federativas y sus municipios, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que procedan o representan el producto de una actividad ilícita".Esto implica que personas que adquieran propiedades o bienes en otros estados con recursos ilícitos generados en Jalisco, la Fiscalía también podrá proceder para que pasen a manos del estado.
