El PRI lee carta a alcaldes salientes para que dejen cuentas claras

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2012).- La carta incluía: municipios ordenados y sin gratificaciones a funcionarios. El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Almaguer, pidió a los 43 alcaldes tricolores que entregarán su administración el 30 de septiembre, entregar las alcaldías con cuentas claras.

El llamado, en singular, lo realizó mediante una misiva en la que advirtió que de no conducirse en el marco legal, el partido recurrirá a las autoridades para hacer cumplir la ley. “Los ciudadanos esperan de usted que entregue una administración ordenada y funcional con los recursos económicos, materiales y humanos para atender las necesidades del municipio sin interrupción alguna”, que leyó Almaguer para los asistentes de la rueda de prensa.

“Si algún funcionario actúa contrario a estos lineamientos, nuestro partido hará uso de sus instancias internas para evaluar su conducta como servidor y solicitará la intervención de las autoridades para que se garantice el cumplimiento de la ley”.

Dicho pronunciamiento responde a la intención del Revolucionario Institucional por transparentar sus gestiones, a decir de su dirigente estatal; sin embargo, de los municipios que gobiernan, sólo dos (Guadalajara y Zapopan) reglamentaron el proceso de entrega-recepción de administraciones, con documentos que clarifican la metodología que los salientes deben seguir para garantizar orden y legalidad.

Por su parte, Almaguer reconoció que la ausencia de reglamentación en el procedimiento se debe a la falta de voluntad política de los munícipes en turno, por lo que, dijo, será una asignatura pendiente para los nuevos gobernantes.

CONGRESO
Contra los excesos

El PRI Jalisco anunció sus legisladores locales proponen cuatro reformas para evitar excesos en los que pueden caer diputados. Entre éstas figura la desaparición de la Junta de Coordinación Política, con la que se eliminaría la posibilidad de que los legisladores caigan en abusos; la desaparición de los recursos destinados a las fracciones parlamentarias; así como la reforma a la ley de servidores públicos para evitar el crecimiento de la nómina.