El Itei resolverá caso de la Auditoría el 22 de marzo

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAR/2013).- El Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) ya tiene una investigación abierta en la información que debería de publicar la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), para cumplir con la Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios. La fecha fatal para que el Instituto dé su resolución es el 22 de marzo, dijo la tarde de este miércoles el consejero, Francisco González Vallejo.
 
"Ya está interpuesto un recurso de transparencia, interpuesto por un ciudadano, incluso ya se han desahogado varias diligencias. No tengo el dato de cuál de los puntos es la denuncia. Pero es de parte de una de las ponencias, del presidente (Jorge Gutiérrez Reynaga), el encargado de llevar esa investigación".
 
De acuerdo con el funcionario del organismo público descentralizado, encargado de ser el garante en temas de transparencia, el pasado 22 de febrero un ciudadano interpuso un recurso de transparencia en contra de la ASEJ, lo que quiere decir que con este instrumento jurídico se está denunciando que el órgano fiscalizador del Estado está incurriendo en faltas al artículo 32 de la Ley de Información Pública de Jalisco.
 
"Tenemos 20 días hábiles. Si el 22 de febrero fue turnada, sería el 22 de marzo cuando podría darse una resolución. A menos de que el presidente solicite un informe complementario al respecto".
 
El día de ayer, el también consejero del Itei, Vicente Viveros, dijo que con la información que tenía a la mano, "por lo que se ha publicado, la nómina tendría que estar al acceso público, sin necesidad de un recurso de revisión ni de transparencia; tendría que tener la máxima publicidad en el portal (de internet)".
 
Aunque en la sesión de este miércoles no se aprobó ninguna investigación en especial para este tema, el consejero no descartó que podría investigarse e incluirse en el orden del día de la sesión de la siguiente semana.
 
Este medio publicó el 11 de marzo que el actual auditor, Alonso Godoy Pelayo, autorizó la basificación de los 60 empleados, pero que el organismo, contra lo que exige la Ley de Información Pública del Estado, se niega a ofrecer los nombres y los sueldos de estas personas
 
EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA