GUADALAJARA, JALISCO (20/FEB/2017).- Tras el despojo del pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en donde 12 ejidatarios de El Zapote fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado, representantes legales y familiares exigieron la pronta liberación de sus compañeros. Debido a que los ejidatarios cuentan con sentencias emitidas por juzgados federales y amparos para no ser detenidos, alrededor de 20 ejidatarios se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado para reclamar justicia. De acuerdo con el equipo de abogados contratado para el seguimiento jurídico a su caso, los propietarios del terreno fueron aprehendidos por "despojo en grado de tentativa y resistencia de particulares", delitos que, consideraron, no son graves. Maximiliano Lomelí, abogado del ejido, argumentó que el proceso para disponerlos ante un Ministerio Público demoró más de 10 horas, cuando debió de realizarse de manera inmediata. Además, señaló que "se fabricó una carpeta de investigación", ya que se alteraron horarios en las declaraciones. Por ello, consideró que detrás de las acciones de la autoridad estatal existen intereses para afectar a los ejidatarios, quienes cuentan con los argumentos jurídicos, a través de sentencias federales y amparos, para hacer valer las causas de su lucha. "El único delito de ellos es que no piensan como los que están gobernando y que exijan que se les paguen sus tierras, porque donde está el aeropuerto son tierras ejidales. Es su único delito, que les paguen. Las cantidades que las autoridades han puesto sobre la mesa, obviamente el Ejido no los van a aceptar", señaló. Los ejidatarios de El Zapote han interpuesto denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), la Procuraduría General de la República (PGR) y un juicio político en contra de Eduardo Almaguer, fiscal general, por abuso de autoridad. Maximiliano Lomelí sostuvo que la autoridad debió responder a los ejidatarios en los tribunales federales y no "a empujones y despojos", por lo que continuarán con la resistencia civil a través de manifestaciones. Se estima que mañana darán a conocer la fecha exacta en la que los ejidatarios tomarán las calles del Centro de Guadalajara para protestar por el pago de sus tierras y el despojo del que fueron objeto. Asimismo, están a la espera de que un juez federal ordene un tercer avalúo, ya que los resultados del realizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en enero pasado, que arrojaba el pago de 61 millones de pesos, no lo aceptarán. El equipo de abogados informó que recientemente realizaron, por cuenta propia, otro cálculo del pago de sus tierras, el cual concluyó que la indemnización debe ser de tres mil 610 millones de pesos, 10 millones más de los que exigían al inicio. EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ
