''Congelan'' plan metropolitano

GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2012).- Guadalajara no destaca entre las metrópolis con los mejores servicios públicos en México, principalmente por la falta de coordinación entre los gobiernos del Estado y municipales, pero también por la carencia de instituciones profesionales, eficaces y estables.

Querétaro es el modelo a seguir en el tema de seguridad pública; León, en el servicio de transporte; Monterrey, en el suministro de agua; Aguascalientes, en el manejo de la basura, mientras Huixquilucan, San Pedro Garza y Distrito Federal representan a los gobiernos más eficaces en el cobro del impuesto predial.

“El desempeño de los gobiernos municipales se caracteriza por su bajo nivel de profesionalización, la brevedad de los periodos de administración y la ausencia de programas de servicio civil de carrera. Esto conlleva a una alta rotación de funcionarios y, por tanto, a la pérdida de las curvas de aprendizaje de cómo funcionan los ayuntamientos, resultando en servicios públicos de mala calidad”, detalla el estudio El municipio: una institución diseñada para el fracaso realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que urge a la coordinación de autoridades para mejorar en la planeación urbana, movilidad, seguridad, residuos y gestión del agua.

Apenas en 2011 se aprobó la Ley de Coordinación Metropolitana en Jalisco; sin embargo, la falta de voluntad entre gobernantes, el proceso electoral y los cambios de administración frenan las primeras etapas del ordenamiento.

Mientras 4.4 millones de habitantes del área metropolitana padecen de diferentes formas y grados de intensidad las deficiencias en los servicios, en este año se evidencia la falta de voluntad y coordinación entre gobernantes para cumplir con esa ley.

En resumen, ésta ordena tres instancias: la política, con la creación de la Junta de Coordinación Metropolitana (gobernador y alcaldes); la técnica, con el Instituto de Planeación, y la civil, con un Consejo Ciudadano.

Pero desde enero pasado, cuando se “firmó” el convenio de coordinación, sólo se instaló la Junta porque no hay recursos ni fecha para los otros dos organismos.

En febrero se conformó una comisión transitoria de cuatro técnicos para crear los estatutos que darían forma al Instituto.

Aunque les garantizaron ocho millones de pesos para esos trabajos, los especialistas trabajan sin recursos ni oficinas.

La ley no pasó la prueba de fuego este año.