Cambian ley sobre burócratas y el PAN anticipa ''cacería de brujas''

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2013).- Con 25 votos a favor de los diputados del PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y PRD, y 10 en contra de legisladores panistas, el pleno del Congreso avaló ayer reformas a la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios.

Los legisladores del PAN Juan Carlos Márquez, Guillermo Martínez Mora y Gabriela Andalón Becerra se pronunciaron en contra de esta norma, mientras que, del PRI, Miguel Castro Reynoso —impulsor de esta propuesta— e Idolina Cosío Gaona defendieron la iniciativa.

El panista Juan Carlos Márquez refirió que la propuesta para reformar la Ley de Servidores Públicos era incompleta y dejaba en indefensión a los burócratas de Jalisco, por lo que pidió que los diputados incluyeran otros aspectos en la norma para que fuera integral.

Enumeró ocho aspectos que la iniciativa que aprobó la Comisión de Trabajo dejó de lado, por lo que estimó que la propuesta del PRI era limitada y propuso: que se establecieran plazos para las diligencias, que se redujera el plazo para presentar las demandas de 60 a 30 días, que el juicio laboral dure como máximo 12 meses; que, si de la audiencia se desprende que no existió juicio administrativo, se dictaría el laudo como despido injustificado y se ordenaría la reinstalación del servidor público.

Además que si, una vez reinstalado, la autoridad volviera a despedir al funcionario, se consideraría abuso de autoridad; que los sindicalizados tengan la opción de pedir que sus líderes rindan cuentas, y que la plaza de la persona despedida quede congelada hasta en tanto se resuelva de fondo el laudo.

La propuesta del panista Márquez para incluir estas modificaciones fue rechazada.

En tanto, el también panista Guillermo Martínez Mora criticó el nombre con que el PRI llamó a esta iniciativa, “ley anticochinos”, lo que generó la reacción del líder de la bancada tricolor, Miguel Castro, quien pidió al panista que le ofreciera una disculpa: “Yo nunca he ofendido a nadie”.

Pero Martínez Mora no se disculpó: “Yo no puse el nombre de ley anticochinos; ahora resulta que una persona que defiende sus derechos puede ser llamada cochino por acudir a instancias diversas a solicitar justicia”.

Otros legisladores panistas, Víctor Manuel Sánchez Orozco y Gabriela Andalón Becerra, adelantaron que con esta norma aprobada se vendrá una “cacería de brujas” en contra de burócratas en activo.

Sánchez Orozco dijo que el actual Gobierno estatal ha despedido, presuntamente sin razón aparente, al menos a mil personas “y van por 10 mil más”, dijo en tribuna. Señaló que la iniciativa deja en la indefensión al trabajador porque muchas bajas son sin justificación.

Gabriela Andalón adelantó que el Gobierno estatal continuará con una “cacería de brujas” sin privilegiar la profesionalización de los perfiles que laboran en el gobierno. Márquez insistió en que el actual gobierno “ha sido indolente” con los despidos de los trabajadores del Poder Ejecutivo.

Duplican retiro en el judicial

Con votación dividida en elCongreso, el PRI logró imponer su iniciativa para incrementar los montos por concepto de haber de retiro para jueces y magistrados.

Actualmente los magistrados tienen derecho a recibir, cuando se jubilan, un equivalente a seis meses de sueldo y 12 días por cada año trabajado; en la Comisión de Justicia, su iniciativa se modificó para que se duplicara a un año y 20 días por año trabajado.

Durante la sesión de pleno del Congreso, el autor de esta iniciativa, el presidente de la Comisión  de Justicia, Héctor Pizano, propuso una modificación para reducir de 20 a 14 días por año trabajado. La propuesta fue avalada por mayoría.

Los legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano protestaron por considerar excesivo el monto final; el PAN presentó su propia propuesta para que no existiera modificación.

El diputado del PAN Víctor Sánchez recordó que en 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó una controversia constitucional en un sentido similar.

El legislador Alberto Esquer consideró que el recurso que se destinará al retiro de los jueces y magistrados puede aprovecharse en apoyo a municipios en crisis: “En su defecto, hasta pudieran ser destinados para fortalecer y renovar el propio Poder Judicial, el cual sufre también de carencias”.

Después de un largo debate, con 19 votos a favor y 15 en contra el aumento quedó aprobado; basta que el Ejecutivo publique la adecuación en el periódico oficial para que sea una realidad.