Blindan derechos ante videovigilancia

-Garantizan proteger privacidad
ante la instalación de videocámaras
-Necesario, definir autenticidad de
videos para usarlos como evidencia

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAR/2011).- El reconocimiento de los derechos de los ciudadanos frente a los sistemas de videovigilancia gubernamentales y privados, junto a la necesidad de que el Estado y sus instituciones puedan hacer uso de esos registros visuales para fines de seguridad pública, están presentes en una iniciativa de ley con la que los legisladores jaliscienses pretenden dar un marco regulatorio en esta actividad.

“El Estado debe garantizar el respeto a las garantías individuales de las personas tanto en la grabación como en las fases posteriores de uso y resguardo de estos registros visuales, bajo la premisa de salvaguardar la intimidad personal y familiar, el honor y la imagen de los ciudadanos”, es así como se fundamenta el contenido de la Ley de Videovigilancia de Jalisco.

El espíritu y el planteamiento básico de esta propuesta, de la diputada Olga Araceli Gómez Flores, se recoge plenamente en el Reglamento de Videovigilancia que afina el Ayuntamiento de Guadalajara, para que sus disposiciones resulten coincidentes en los ámbitos estatal y municipal.

Gómez Flores argumentó que su iniciativa tiene como fundamento el Artículo 21 de la Constitución, que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y municipios.

La propuesta de ley parte de la creación de un Comité Técnico de Videovigilancia del Estado, que dependerá del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), y que será la instancia responsable de velar por el cumplimiento de la misma regulación.

Este Comité Técnico estará facultado para autorizar las cámaras que deseen instalar las instancias gubernamentales en el espacio público, así como los prestadores de servicios de seguridad privada en áreas o inmuebles particulares.

Otras atribuciones que tendrá es, por ejemplo, ordenar la destrucción del material que vulnere los derechos de los ciudadanos, asegurar el resguardo, destino temporal y final de las grabaciones, además de recabar los videos solicitados por una autoridad competente.

La finalidad es crear un sistema de control de la información para disponer de las grabaciones en caso de que se registre algún delito en flagrancia o falta administrativa, y evitar que se capturen imágenes en lugares como baños, vestidores, albergues, hoteles y moteles.

La diputada recalca que para fortalecer la iniciativa de ley, se debe aprovechar el crédito que está solicitando el Poder Ejecutivo para equipamiento en materia de seguridad pública, pues el endeudamiento contempla destinar 40% de los recursos a la adquisición e instalación de videocámaras.