Aristóteles pugnará por productos locales

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2012).- Algunos de los líderes del sector agroindustrial del Estado pidieron al candidato priista a gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, que, de ganar las elecciones, encabece el “sexenio del campo”. Sandoval Díaz resaltó que crearía una sola bolsa de financiamiento con normas claras, que el Gobierno consumiría principalmente productos hechos en Jalisco, que las grandes trasnacionales como Walmart sólo podrían asentarse en la región si compran productos locales, “sin ser proteccionista, aclaro”.

Propuso cambiar de modelos extensivos e intensivos en el campo, a esquemas de invernadero; tecnificar el riego; cambiar los cultivos; innovar los ciclos de producción agrícola, añadir valor agregado a los productos, entre otros puntos. En resumen, repitió lo que ha dicho en reuniones que tiene con campesinos o ganaderos: “Yo voy a impulsar el campo de Jalisco, seré su mejor aliado”.

Otilio Valdés, presidente del Consejo Agropecuario, resaltó que este sector en el Estado aporta 12.5% del PIB agropecuario nacional y representa cerca de 8% de la economía estatal, destacando en producción de maíz forrajero y siendo segundo lugar en la producción de maíz grano, caña de azúcar y producción de cárnicos.

Las prioridades para este sector son: consolidar el Proyecto de ciudad Agropecuaria, darle continuidad al Foro Internacional Agroalimentario de Jalisco, lograr empatar el Fideicomiso Pecuario de Jalisco y el apoyo del Gobierno estatal, invertir en capacitación especializada, impulsar la innovación tecnológica y estructurar un sistema de información estadística para conocer el comportamiento de los mercados.

También estuvieron presentes el líder de la industria de alimentos, Felipe Gómez, y José Armas, de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos.

El candidato priista rechazó modificar institución del matrimonio. “No estoy de acuerdo en cambiar la institución del matrimonio. Estoy a favor del respeto al ser humano”.

LAS PROPUESTAS
Gasto operativo

Reducir en tres mil 500 millones de pesos el gasto operativo que mantiene la actual administración estatal.

Impulsar nuevos modelos de políticas sociales y transversales.

Crear una Fiscalía anti-corrupción.