Alcaldes revisan sus gestiones

Vea la entrevista íntegra con Aristóteles Sandoval

Vea la entrevista íntegra con Héctor Víelma

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2010).- El presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz, reconoce que sus cuestionamientos a una segunda línea de transporte articulado ponen en riesgo 952 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura ( Fonadin), pero asegura que un proyecto de movilidad urbana debe ser fruto del consenso de toda la sociedad. A su vez, el alcalde de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez, admite que hay debate en torno a la percepción de seguridad en el municipio, pero defiende la capacitación, el incremento en sueldos de policías y el impulso al desarrollo económico zapopano.

Los dos gobernantes municipales entraron al décimo mes de sus gestiones. Tienen simpatizantes y detractores; impulsan proyectos y son actores centrales en controversias sobre sus políticas públicas y sus planes. Es en este contexto que esta casa editorial plantea entrevistas abiertas y de fondo a los alcaldes para que respondan a los reclamos sociales y ofrezcan su personal testimonio sobre el cumplimiento, si lo hay, a los que fueron sus compromisos de campaña.

De manera sintética, Aristóteles Sandoval aborda temas de variado cariz, y en la persistente aspiración de un modelo satisfactorio para la movilidad urbana justifica el endeudamiento de mil 100 millones de pesos para la repavimentación de vialidades principales y el condicionamiento al Bus Rapid Transit (BRT), porque “se trata de temas diferentes” y la pavimentación responde a un reclamo generalizado, a la vez que, afirma, mejora el funcionamiento de la ciudad y sus servicios para recibir los Juegos Panamericanos y proporcionar estas ventajas, durante años futuros, a los tapatíos.

Una segunda línea del transporte articulado, mientras tanto, está condicionada por su interés de alcanzar la socialización del proyecto en movilidad para que opere con satisfacción de la población y se adapte a un sistema integral de transporte público acordado por usuarios, gobernantes y expertos, “sin imponer” su uso.