Alcaldes de la ZMG debutan con reestructuración de sus deudas

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2012).- Los alcaldes Jorge Arana y Alfredo Barba confirman que reestructurarán las deudas heredadas por las pasadas administraciones de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, respectivamente. De entrada, los dos se declaran en graves problemas para solventar los compromisos de los últimos cuatro meses del año. Los mismos problemas enfrentan otros 78 ayuntamientos de Jalisco.

“Sí reestructuraremos la deuda por el mismo monto, pero negociado a más largo plazo, con interés más bajo”, confirma Jorge Arana, quien recuerda que adeudan mil millones de pesos a instituciones bancarias y 350 millones a proveedores, programas federales y Pensiones del Estado, entre otros.

Alfredo Barba subraya que Tlaquepaque no tiene más capacidad para créditos, “pero tengo planeada una restructuración de deuda para ahorrar en el pago que hacemos mensualmente a los bancos. Me heredaron 800 millones de pesos, entonces esa reestructuración nos dará un ahorro de 80 millones de pesos en los tres años para infraestructura”.

Jorge Antonio Mejía Rodríguez, investigador de la Universidad de Guadalajara, urge a la probación de la Ley de Contabilidad Gubernamental en el Congreso de la Unión, con la intención de que estén establecidos los porcentajes máximos para endeudarse en los ayuntamientos y los gobiernos estatales. “En España están preocupados porque la tasa que pagan es de 6%; cuando sube a 6.5% se asustan, pero acá tenemos el doble o el triple de esa tasa y no pasa nada. Los alcaldes siguen contratando más créditos o posponiéndolos y no pasa nada, nadie los para. Existe mucha discrecionalidad”.

Mientras el gobernador Emilio González planea el mecanismo para apoyar a 80 ayuntamientos en crisis financiera, Guadalajara es líder nacional y tiene pasivos por dos mil 680 millones de pesos con instituciones bancarias; sin embargo, el alcalde Ramiro Hernández no descarta la contratación de un nuevo empréstito.

“Hay que revisarlo desde la factibilidad y conveniencia financiera, pero primero veremos los recursos federales y estatales con los que disponemos. No descarto (nada) porque nosotros tenemos prisa por hacer cosas, buscaremos donde sea y como sea la forma de tener los recursos para hacerlas. También analizaremos una reestructuración”.

La deuda comercial de Zapopan asciende a mil 447 millones de pesos. El alcalde Héctor Robles sostiene que no habrá nuevos créditos, “sólo un gran PPS, una empresa público-privada, que nos permita grandes proyectos, como Ciudad Gobierno (oficinas administrativas)”. Él afirma tener “finanzas sanas” y asegura que no utilizará el posible crédito nuevo, hasta por 300 millones de pesos, que le dejó autorizado el gobierno anterior.

URGENTE, NUEVA LEY

“No hay compatibilidad entre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de los gobiernos, pero tampoco coincide con la Ley de Deuda Pública. Es increíble que los huecos existentes sean aprovechados por los gobernadores y alcaldes porque sólo ellos saben a dónde se van los recursos que contratan con bancos. De pronto hacen confidencial el manejo de ese dinero y es increíble que no existan sanciones para esos políticos que juegan con el dinero público”, lamenta Jorge Antonio Mejía Rodríguez, académico de la Universidad de de Guadalajara, quien añade la urgencia de la entrada en vigor de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

—¿Qué opina de las reestructuraciones de deuda que planean algunos ayuntamientos? Tonalá es ejemplo de que esto no soluciona la crisis financiera.

—La reestructuración no es otra cosa que posponer la deuda, pero lo mejor sería que bajen las tasas, menos impuestos e intereses. Los alcaldes siguen contratando más créditos o posponiéndolos y no pasa nada, nadie los para. Afortunadamente está próxima la Ley de Contabilidad Gubernamental, que limitará esta discrecionalidad.

Ignacio Román, profesor e investigador del ITESO, explica que Guadalajara está perdiendo su calificación crediticia por los altos costos del pago de la deuda.

“Hay un problema muy fuerte. Estamos viendo negociaciones en momentos en los que es muy probable que las condiciones de los préstamos sean altos; por eso bajan las calificaciones de los ayuntamientos. Estamos en un proceso llamado autonomización de la deuda, en donde el problema fundamental es la transparencia, la falta de vigilancia en los recursos, porque están dejando en una situación difícil a los nuevos gobiernos. El gran problema es darnos cuenta de que el sector financiero está protegido para vigilar las tasas de interés muy altas, y esto afecta tanto a los préstamos personales como a los préstamos para los propios gobiernos”.

“Estamos viendo negociaciones en momentos en que es muy probable que las condiciones de los préstamos sean altos; por eso bajan las calificaciones de los ayuntamientos”

8,130,200,000 El lastre de la deuda municipal

Guadalajara

2,680 MDP Es el municipio más endeudado del país; el alcalde no descarta contratar un préstamo nuevo.

Zapopan

1,447 MDP Ya no habrá nuevos créditos, aunque el alcalde anuncia una asociación público-privada para grandes proyectos.

Tlaquepaque

800 MDP Reestructurará su deuda; quiere ahorrar 80 millones para hacer obra pública.

Tonalá

1,000 MDP También está entre los más endeudados del país; buscará un plazo mayor con sus acreedores.

OPACIDAD Y NULA RENDICIÓN DE CUENTAS
Auditoría Superior exhibe boquetes en las finanzas de los gobiernos

Uno de los temas prioritarios de la agenda nacional es el crecimiento acelerado del saldo de la deuda pública de las entidades federativas y ayuntamientos, el cual puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas locales porque las obligaciones financieras se cubren en su gran mayoría con cargo en las participaciones fiscales, que representaron 42.5% del total de los recursos federalizados en 2010.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “la opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante financiamiento, especialmente de los municipios”, es uno de los principales problemas.

Las causas del endeudamiento y su crecimiento vertiginoso son múltiples. El primer factor a considerar sería la elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los ingresos obtenidos de la recaudación propia, así como las limitadas facultades y capacidades recaudatorias de los gobiernos de las entidades federativas y municipios.

También influye una política de gasto local con déficit presupuestario y primario crecientes, y la regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública.

Igualmente, la opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante financiamiento, especialmente de los municipios.

En el crecimiento de la deuda local también han influido la mayor oferta y las nuevas opciones para obtener financiamiento con garantía y fuente de pago en las participaciones fiscales, principalmente.

El financiamiento es un medio que permite ejecutar proyectos multianuales de inversión pública y su equipamiento que, con una adecuada evaluación de costo-beneficio, hace posible incrementar la capacidad de atender necesidades públicas prioritarias y proveer condiciones que incentiven la actividad económica y el empleo en un marco de innovación, competitividad y productividad. De ahí la importancia de su adecuada gestión y del destino de los recursos, en un marco de solvencia, sostenibilidad y fortaleza de las finanzas públicas.

La banca comercial ha ampliado los créditos otorgados y las garantías de pago se han diversificado, ya que, además de las participaciones federales, la deuda de las entidades federativas se garantiza con impuestos como la tenencia vehicular, sobre nómina y otros locales, así como con derechos o flujos de los activos financiados con estas operaciones crediticias; adicionalmente, se han utilizado nuevas fuentes de recursos, como las emisiones bursátiles, todo lo cual resta margen de gestión presupuestaria a los gobiernos locales.

El proceso de mayor endeudamiento se enmarca en un escenario en el que predominan la fragilidad de las finanzas públicas, un débil crecimiento y el impacto de la crisis económica.

Deudas de los gobiernos estatal y municipales en Jalisco

                          Millones de pesos

Total de Jalisco    26,704.8

Organismos estatales    158.1

Ayuntamientos    8,130.2

Gobierno del Estado    15,894.6

CRÉDITOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS
Los más endeudados y el comparativo con sus ingresos anuales

Municipio       Deuda con instituciones privadas    Ingresos previstos para 2012

Todas las cifras, en millones de pesos

Guadalajara    2,680.7    4,947
Zapopan    1,447.0    3,983

Tonalá    1,000**    780.1
Tlaquepaque    845    1,328

Tlajomulco de Zúñiga    523.2    962.7
Puerto Vallarta    399.7    *

Zapotlán    141.7    275.5
El Salto    112.4    333.5

Chapala    85.7    196.6
La Barca    61.6    *

Tequila    62.2    143.5
Jocotepec    54.4    126.9

Poncitlán    45.8    88.0
Arandas    43.4    206.3

Ocotlán    42.5    266.6
Ameca    37.0    *

Cocula    30.1    69.4
Ixtlahuacán de los Membrillos    26.0    *

* No hay registros en las leyes de ingresos publicadas en el Periódico Oficial de Jalisco.

** De acuerdo con el alcalde Jorge Arana la deuda con instituciones bancarias asciende a mil millones.

Los menos endeudados

100 mil pesos Techaluta, Mixtlán y Amacueca

200 mil pesos Santa María del Oro, El Grullo y Chiquilistlán

500 mil pesos Tonila, Talpa y Juanacatlán

Los municipios más endeudados y su población, por entidad federativa

Estado                 Deuda                               Población  
                 en millones de pesos               en millones de habitantes

Jalisco    8,130.2    7.3

México     5,626.8    15.1

Nuevo León     5,237.1    4.6

Veracruz     2,840.8    7.6

Puebla     868.5    5.7

Histórico de deuda entre los gobiernos estatal y municipales en Jalisco

Año    Millones de pesos

1993    2,260.8

2001    5,004.8

2004    6,231.9

2007    8,480.4

2010    22,122.9

2012    26,704.8

Fuente: Secretaría de Hacienda. Saldos al primer semestre de 2012.

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Senado aprueba ley clave, pero...

El pasado 26 de septiembre, el Senado aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la intención de transparentar y armonizar la información financiera en los tres órdenes de Gobierno. Todo pasivo, ordena el dictamen, deberá difundirse y no podrá imponerse el secreto bancario o fiduciario, por lo que se podrá prevenir el sobreendeudamiento público.

Pero vienen las malas noticias: el documento fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales y tiene 30 días para aprobarla o pasará en automático. Sin embargo, para conocer a detalle el nivel de endeudamiento de los estados y municipios es necesaria una reforma constitucional que modifique el marco jurídico de la deuda pública, con el propósito de transformar los registros de obligaciones actuales.

Para ello, el Congreso tendrá otro año para aprobar las iniciativas necesarias para transparentar los pasivos, con base en el dictamen de reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental: el Artículo 6 transitorio mandata al Congreso de la Unión a que en un plazo “no mayor a un año, a partir de la fecha de publicación del decreto”, se autoricen los cambios necesarios para reformar los registros de deuda pública vigentes.

Entre otras cosas, la reforma establece que será una obligación dar a conocer la deuda pública y los compromisos financieros o pasivos, como fondos de pensiones, obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas, ingresos fiscales comprometidos, bursatilizaciones, proveedores, acreedores y todo tipo de instrumentos que impliquen al patrimonio público.

Lo anterior “permitirá cerrar espacios a la corrupción y a desvíos de recursos, además de permitir a los órganos fiscalizadores conocer información financiera fidedigna sobre el uso del presupuesto, a fin de inhibir y sancionar las prácticas indebidas”.

Las reformas también darán paso a la ciudadanía para que conozca el nivel de salud de las haciendas públicas para demandar más y mejores resultados.

Facultan al Consejo Nacional de Armonización Contable para que determine los formatos y estructuras de información en los que se publicarán los reportes financieros, presupuestarios y contables de los tres órdenes de Gobierno.

La información debe incluirse en las cuentas públicas y los entes financieros de los estados y municipios deberán agregar una relación de los bienes que componen su patrimonio (vehículos, terrenos, edificios y obras artísticas, entre otros).

Deberán reportar los ingresos extraordinarios, montos de adecuaciones presupuestarias, subejercicios, esquemas bursátiles y coberturas financieras.

SABER MÁS
Los obligados

Con la nueva ley, ocho mil entes públicos deben transparentar el uso de los recursos públicos, principalmente el manejo de las deudas en los tres niveles de Gobierno. Con dicha reforma se pretende combatir la corrupción y el desvío de recursos públicos.

La ley contempla sanciones de dos a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo a quienes causen daño a la hacienda pública o al patrimonio, a quienes lo permitan o no informen a su superior jerárquico.

Los ciudadanos tendrán acceso a todos los adeudos de la Federación, los estados y municipios.