Absuelven a 62% de policías investigados por Asuntos Internos

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2013).- La mayoría de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara que son investigados por la Dirección de Asuntos Internos, por presuntos actos de corrupción o actuaciones irregulares, terminan por ser absueltos en las resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento tapatío.

Un informe proporcionado por la misma Comisión muestra que, de manera específica, seis de cada 10 expedientes que le son turnados por Asuntos Internos concluyen con un dictamen favorable para los policías involucrados, y que habían sido señalados antes de haber participado en algún acto indebido para su función.

Durante esta administración municipal en Guadalajara la Comisión de Honor y Justicia se ha pronunciado en total sobre 448 investigaciones realizadas sobre elementos de la Secretaría, de los cuales 278 fueron categorizadas como un no ha lugar (62%), es decir, sin sanción.

Cuando se presenta una queja ciudadana contra un policía de Guadalajara, el mecanismo que marcan los reglamentos municipales es que ésta será indagada por el área de Asuntos Internos, la cual hace llegar las pruebas que recaba y sus valoraciones a la Comisión, un órgano con composición edilicia, ciudadana y policial, donde se tomará la decisión final.

De los 448 casos resueltos por la Comisión, únicamente en seis se determinó el cese del policía tapatío, esto es, 1.3% del total, el resto de las sanciones dictadas tienen que ver con suspensiones laborales sin goce de sueldo (de ocho, 15, 30 o 45 días), o con amonestaciones que van a parar a sus expedientes personales en la institución.

La Comisión de Honor y Justicia ha logrado eliminar por completo el rezago en la conclusión de este tipo de procedimientos que le fue heredado por la anterior administración tapatía, así lo ha expuesto su presidenta, la regidora del PRI Anahí Olguín Rojas; sin embargo, el desempeño del órgano fue merecedor recientemente de cuestionamientos por parte de ediles del PAN y el partido Movimiento Ciudadano, debido a que ignoró la recomendación 6/2013 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

En ésta, la CEDHJ halló responsabilidad en cuatro policías tapatíos que detuvieron ilegalmente al dueño de un bazar de la ciudad, y a quien le habrían “sembrado” un arma y drogas para incriminarlo; pese a que la recomendación solicitaba una sanción para los gendarmes que participaron en el ilícito, la Comisión de Honor y Justicia determinó exonerarlos de cualquier culpa.

El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, ha ofrecido hacer una revisión de la resolución de la Comisión de Honor y Justicia, y del proceso que la llevó a dicha determinación. Existen pruebas con rigor científico, como un dictamen pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que indica que el arma y las bolsas de droga con que se incriminó al ciudadano por la supuesta portación de los mismos, no presentan, en realidad, sus huellas dactilares.

A lo que se aúna la resolución del Tribunal Unitario del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, que amparó al ciudadano detenido, dejándolo en libertad y declarándolo inocente de cualquier delito. La Comisión de Honor y Justicia tapatía pasó por alto, de esta manera, tanto la recomendación de la CEDHJ como el criterio de la justicia federal, y su advertencia explícita sobre la “siembra” del arma y la droga, que incluyó en su resolución: “Existe material probatorio que concatenado entre sí, de forma lógica-jurídica y natural, permiten presumir, que la metanfetamina y el arma de fuego primero fueron alojados y luego extraídos del negocio del local comercial, y no en la forma como lo refirieron los elementos aprehensores, por ende, lo narrado por los policías captores carece de sustento jurídico”.

EL DATO

Recomendaciones

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió ayer tres recomendaciones por abuso de autoridad, las cuales están dirigidas al alcalde de Tonalá, Jorge Arana; el fiscal central del Estado, Rafael Castellanos, y el comisionado de Seguridad Pública Francisco Alejandro Solorio Aréchiga; y el presidente municipal de Poncitlán, Víctor Carrillo Muñoz. “Estas tres recomendaciones tienen que ver con el actuar irregular de policías o bien con el abuso policial cometidas el año pasado”.