Veto presidencial a aborto supera intento de revocación en Uruguay

MONTEVIDEO, URUGUAY.- La reforma legal para despenalizar el aborto en Uruguay quedó hoy paralizada después de que la Asamblea General del Parlamento no lograra levantar el veto que impuso el presidente Tabaré Vázquez contra la opinión de sus propios correligionarios políticos.

En la reunión extraordinaria, no se lograron los tres quintos de los votos de cada Cámara necesarios para levantar la negativa presidencial a una reforma que había sido aprobada por diputados y senadores del Frente Amplio, la coalición de izquierdas en el Gobierno que dirige Vázquez.

Tal y como le permite la Constitución, el gobernante impuso el jueves pasado su veto a una reforma legal que permitía la interrupción del embarazo en algunos supuestos, después de que la semana anterior el Senado, con mayoría del Frente Amplio, diera su espaldarazo al texto previamente aprobado por el Congreso de los Diputados.

Los legisladores del Frente Amplio acudieron con pesimismo a esta Asamblea General del Parlamento, pues el rechazo al aborto de los opositores Partido Nacional (o Blanco) y Partido Colorado, y la falta de una mayoría absoluta oficialista entre las dos Cámaras hacían poco probable el levantamiento del veto.

En la votación nominal, de los 29 senadores (de un total de 31) presentes en la Asamblea, 14 respaldaron el mantenimiento del rechazo presidencial y 15 votaron por levantarla.

De los 90 diputados participantes (de un total de 99), 44 reafirmaron el veto y 46 apoyaron su anulación.

Sólo hubo dos legisladores del oficialista Frente Amplio que apoyaron la medida de Vázquez y varios parlamentarios del Gobierno y opositores se retiraron de la sala, entre ellos el ex ministro y antiguo guerrillero tupamaro, José Mujica, uno de los posibles candidatos "frentistas" para las elecciones de 2009.

El ex presidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, fue el único legislador de esta fuerza opositora que apoyó la reforma para la despenalización parcial del aborto.

A favor de mantener la negativa del presidente votaron en pleno sus enemigos políticos, es decir toda la bancada blanca, el resto de los colorados y el Partido Independiente.

Vázquez había alegado argumentos jurídicos, científicos y éticos para imponer su veto y actuar, así, en contra de sus compañeros políticos, en una posición muy criticada en el seno del Frente Amplio, donde se llegó a acusar al presidente de "autoritarismo" y "traición".

Esa fue la misma opinión de las organizaciones feministas y proabortistas que se manifestaron hoy en el centro de Montevideo poco antes de que se reuniera la Asamblea General y en cuyas pancartas se tildaba al presidente de "hipócrita", "autoritario" y de "promotor de los abortos clandestinos".

Sin embargo, Vázquez, médico oncólogo de profesión, siempre había manifestado que, en caso de que se llegara a la actual situación, ejercería su potestad de veto.

En su alegato para defender su decisión, Vázquez señaló que "la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación" y que "el verdadero grado de civilización de una nación se mide en cómo se protege a los más necesitados".

Añadió que "el aborto es un mal social que hay que evitar" y que "en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado".

En Uruguay cada año se producen más de 30 mil abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, tal y como señalan organizaciones no gubernamentales.

La reforma establece que "en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas" en supuestos de penuria económica y circunstancias sociales o familiares.

El propio arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, llegó a amenazar con la excomunión a los legisladores que apoyaran la nueva ley.

Cotugno explicó en una reciente reunión con catequistas que el fundamento de la oposición de Vázquez a la reforma "podría haber ser firmado por la comisión Pro Vida de la Santa Sede".

El debate sobre el aborto ha provocado una escisión en el seno del Frente Amplio y del propio Gobierno, y ha puesto al presidente Vázquez en una posición difícil, que se añade a otras disensiones en la coalición en el poder.

La decisión de algunos de sus partidarios más acérrimos de impulsar su reelección en los comicios de octubre próximo (prohibida por la Constitución) ha levantado ampollas en las facciones que apoyan a Mujica y a otros precandidatos, a pesar de que el propio Vázquez reiterara que no se planteaba dar ese paso.