Transocean pagará mil 400 MDD por derrame en Golfo de México

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/ENE/2012).- El operador de plataformas petroleras Transocean acordó pagar mil 400 millones de dólares para resolver los cargos presentados por el Gobierno de Estados Unidos tras el enorme derrame de petróleo en un pozo de BP en el Golfo de México en el 2010.

El acuerdo, dado a conocer por el Departamento de Justicia, incluye mil millones de dólares en multas civiles y 400 millones en sanciones penales.

La compañía ha separado mil 950 millones de dólares en potenciales pérdidas relacionadas con el derrame del pozo Macondo, incluidos mil 500 millones de dólares por su acuerdo anticipado con el Departamento de Justicia.

Las acciones de Transocean subían un 7 por ciento, a 49.50 dólares el jueves en la bolsa de Nueva York.

"El punto importante para mí es que ahora pueden alejar la gran nube negra que había estado sobre ellos", dijo Phil Weiss,  analista del sector petrolero en Argus. "Tomo esto como algo positivo, incluso pese a que la cifra es un poco más alta que la que yo esperaba", agregó.

Barclays Capital dijo que el acuerdo era menor a su estimación de 2 mil 500 millones de dólares y que creía que la claridad resultante conduciría a una "significativa  recalibración de la valoración" para la compañía.

Barclays observó que, entre los contratistas de Macondo,  Halliburton seguía siendo el único que no había llegado a una resolución con el Gobierno. Las acciones de Halliburton subían un 2.5 por ciento el jueves.

No hubo un portavoz de Transocean disponible para comentar sobre las obligaciones pendientes en torno al derrame de Macondo.

En un comunicado, la compañía dijo que el acuerdo excluía otros posibles reclamos asociados, pero aclaró que un tribunal determinó que Transocean no era responsable por los daños submarinos derivados del derrame.

Transocean, con sede en Suiza, era dueña de la plataforma Deepwater Horizon que estaba llevando adelante una perforación cuando un repentino escape de gas metano generó una explosión el 20 de abril del 2010.

La explosión dejó 11 muertos y produjo uno de los peores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos.

"Esta resolución de acusaciones criminales y demandas civiles contra Transocean nos deja un gran paso más cerca de la justicia por la devastación humana, ambiental y económica generada por el desastre de Deepwater Horizon", dijo en un comunicado el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder.

El desastre dio lugar durante varios meses a una  prohibición de la perforación en aguas profundas y a un intenso escrutinio de las actividades en el mar continental, que está floreciendo nuevamente a pesar de las persistentes preocupaciones públicas.

De los 400 millones de dólares de multas, 150 millones de dólares serán destinados a restaurar y conservar el entorno marino del Golfo de México, mientras que otros 150 millones serán destinados a financiar los esfuerzos de prevención y respuesta a los derrames de petróleo en el Golfo.

BP y Transocean tenían "múltiples deficiencias en el sistema de gestión de seguridad que contribuyeron al incidente de Macondo", y ninguna de las compañías contaba con reglas de seguridad adecuadas, de acuerdo a un reporte de julio del 2012 de la Junta de Seguridad Química de Estados Unidos.

Transocean y BP disentían acerca de cuál de ellas estaba a cargo de interpretar lo que se conoce como prueba de presión negativa, que podría haber alertado a los trabajadores sobre la inestabilidad del pozo petrolero.

El Departamento de Justicia dijo que al aceptar declararse culpable de violar la Ley de Agua Limpia, Transocean, admitía que los miembros de su tripulación, actuando bajo la dirección de BP, fueron negligentes al no lograr investigar por completo los indicios de que el pozo Macondo no era seguro.

En noviembre, BP llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos por 4 mil 500 millones de dólares, incluida la mayor multa criminal de la historia, mil 256 millones de dólares. La empresa petrolera con sede en Londres también acordó declararse culpable del delito de obstrucción al Congreso.