MANILA, FILIPINAS (30/ENE/2017).- El jefe de la Policía Nacional de Filipinas, Ronal dela Rosa anunció la suspensión indefinida de la guerra contra las drogas del actual gobierno, mientras depura sus filas de agentes corruptos. Advirtió a los elementos de la corporación que encabeza sobre la necesidad de que estén alertas de que ahora habrá una guerra contra los elementos deshonestos, y que se habrán de limpiar primero sus propias filas. "Luego de eso es posible que reanudemos la guerra contra las drogas. Limpiaremos primero nuestras filas de acuerdo al presidente", dijo el funcionario policial. La determinación siguió a la presunta implicación de agentes policiales en la muerte de Jee Ick Joo, ciudadano surcoreano dedicado a los negocios y residente en Filipinas, quien habría sido secuestrado por policías en pleno día. El hecho, ocurrido el pasado 18 de octubre, llevó a la muerte del hombre de negocios en los cuarteles de la policía, de acuerdo a las investigaciones del propio gobierno filipino. De acuerdo a las indagaciones, el arresto de Jee fue hecho con una orden falsa que lo involucraba en un caso de narcotráfico que permitió a los policías extorsionarlo con cinco millones de pesos filipinos (unos 100 mil dólares). La muerte del negociante ocurrió en los propios cuarteles de la policía nacional, una circunstancia que agravó el hecho. Dela Rosa anunció la creación de una fuerza de contrainteligencia contra los policías corruptos, y añadió que varias unidades policiales recibieron órdenes de sumar esfuerzos para la integración de una lista de agentes deshonestos. La suspensión del combate a las drogas se da cuando las quejas por los presuntos asesinatos extrajudiciales de narcotraficantes de todo tamaño así como adictos, se transformaron en quejas por la actuación de la policía. Es una vergüenza que los filipinos parezcan tener más miedo a la policía que a los adictos, indicó apenas el pasado viernes la vicepresidenta Leni Robredo, recordó la versión electrónica del Inquirer.net. La guerra contra las drogas comenzó desde el primer día de gobierno de Duterte, el pasado junio, y se estima que a la fecha ha costado más de siete mil vidas a manos de agentes policiales pero también de escuadrones de la muerte. La cruzada antinarcóticos llevó a quejas internacionales en materia de derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales, así como a un duro enfrentamiento entre el mandatario y los obispos católicos. Dos semanas atrás, en discursos transmitidos a todo el archipiélago por televisión, el mandatario respondió a las críticas de los obispos católicos llamándolos "monos" y acusándolos de feminización y pedofilia, recordó Inquirer. La víspera, la asistente presidencial en materia de comunicaciones, Ana María Banaag, rechazó que las ejecuciones extrajudiciales sean orquestadas por el gobierno filipino, y pidió a los obispos soluciones sobre el problema de las drogas.
