Suprema Corte de Estados Unidos analizará autoridad estatal

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/OCT/2011).- La Suprema Corte de Estados Unidos inició hoy su periodo de sesiones con diversos temas en su recargada agenda que incluye la autoridad estatal para aplicar sus propias leyes de inmigración, labor que corresponde realizar al gobierno federal.  

Varios estados, incluyendo Arizona y más recientemente Alabama, han impulsado duras medidas contra las personas indocumentadas por la falta de acción del Congreso sobre inmigración, lo cual ha objetado tanto el gobierno de Barack Obama como organizaciones de derechos civiles.  

Asimismo, los jueces considerarán si los funcionarios de inmigración deben tomar en cuenta en su decisión sobre la deportación de las personas inmigrantes indocumentadas que llegaron de niños a Estados Unidos.  

El máximo tribunal también podría pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma del sistema de la salud, uno de los principales logros de Obama, que ha urgido su revisión luego de varios procesos en cortes federales.  

Sectores conservadores rechazan la reforma de la salud porque el gobierno federal obligaría a todos los estadounidenses a poseer cobertura o pagar una multa, pero varios estados la consideran inconstitucional.

Las decisiones de la Suprema Corte, que tiene como uno de sus miembros a la magistrada hispana Sonia Sotomayor, podrían impactar en los comicios presidenciales de 2012 en las que los republicanos buscan impedir la reelección de Obama.  

Los nueve magistrados también evaluarán las atribuciones del gobierno federal para vigilar la difusión pública con el fin de suprimir y penalizar las expresiones de indecencia y apelaciones sobre protecciones contra inspecciones sin motivos.

Uno de los casos es el poder del gobierno de rastrear las actividades de un sospechoso mediante un sistema de posicionamiento global (GPS) sin una orden judicial.

Asimismo, el uso de los programas universitarios que favorecen a las minorías raciales y étnicas del país para compensar la discriminación y la desigualdad, pero que grupos lo consideran discriminatorios contra el resto de la población.

Otro caso incluye a un condenado a la pena de muerte en Alabama que perdió el plazo para apelar su sentencia porque la correspondencia de la corte no llegó oportunamente a sus abogados.