Purga en fuerzas militares colombianas, retiro de 27 militares

BOGOTA.- En la mayor purga castrense en los últimos tiempos, el presidente Alvaro Uribe retiró de las fuerzas armadas a 27 militares, incluyendo tres generales del ejército, por negligencia ante reportes de ejecuciones extrajudiciales en varias regiones del país.

Una investigación militar que le fue presentada el martes en la noche a Uribe, muestra ``que en algunas instancias del ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes'', aseguró el mandatario.

``Crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército. Crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales en esas regiones, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del ejército para cometer estos crímenes, para desorientar y para mantener esos criminales intacto el teatro de acción de su actividad delictiva'', añadió.

El anuncio de los militares pasados a retiro fue hecho temprano por Uribe y los mandos militares en la casa de gobierno, dando un lista de 25 nombres, a los que se agregó a dos coroneles cuya destitución ya había sido anticipada el viernes.

El mandatario aclaró que los eventuales cargos penales contra los militares quedan en manos de la Fiscalía General, que desde agosto investiga el caso de 11 hombres dados por desaparecidos a comienzos de año de una barriada al sur de Bogotá y cuyos cadáveres aparecieron en una fosa común en el noreste del país en agosto último.

Se ignora bajo cuáles circunstancias llegaron esos hombres al noreste del país ni quién los llevó. La Fiscalía reveló que murieron baleados por el ejército, pero no bajo qué condiciones.

Cuando se conoció el caso de la barriada capitalina, Uribe ordenó una investigación militar, cuyos resultados conoció el martes y mostró fallas en procedimientos en el levantamiento de cadáveres sin autoridades de control _como la fiscalía_ o ignorar denuncias de pobladores sobre muertes que les atribuían a militares, dijeron a la AP funcionarios que estuvieron en la presentación pero que declinaron ser identificados por no tener autoridad para hablar del tema.

El ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que la investigación militar concluyó que hubo ``colusión'' de algunos militares con delincuentes para darles impunidad ``a cambio de contribuir al logro de resultados (militares) irregulares que van en total contravía de la política (del gobierno)... y de la doctrina y el honor militar''.

Paulino Coronado, uno de tres generales relevados y en cuya jurisdicción militar aparecieron algunos de los cadáveres de los 11 desaparecidos, dijo que ``jamás'' ordenó a algunos de sus 8.000 miembros de la Brigada 30 cometer un acto ilegal, pero aceptó tener ``responsabilidad por lo que hagan o dejen de hacer mis hombres''

De sus 51 años, Coronado pasó 32 al servicio del ejército.

Una red de organizaciones no gubernamentales presentó el miércoles un informe, según el cual en los últimos 18 meses al menos 535 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, la mayoría de ellas a manos del ejército.

El informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), creada en 1995 y la cual cobija 199 organizaciones que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, señaló que ``entre el 1 de enero del 2007 y el 30 de junio del 2008 han sido graves en materia de ejecuciones extrajudiciales''.

De acuerdo con dicha coordinación, 91,1% de las ejecuciones extrajudiciales incluidas en su estudio fueron atribuidas al ejército, 4,7% a la policía nacional, 1,8% a grupos aliados del ejército con paramilitares y 1,6% a la armada.

La Coordinación dijo además que la mayoría de los casos 12,4%, 67 muertos, se presentaron en el departamento de Norte de Santander, en el noreste colombiano, seguido por Antioquia, en el oeste del país con 65 víctimas, el 12% del total.

El senador opositor Gustavo Petro, del partido Polo Democrático Alternativo, dijo en un comunicado que el retiro de militares anunciado ``es una decisión tardía, no soluciona el tema fundamental, que es cambiar la política de ascensos militares''.

Cada año ``los 10 últimos oficiales del ejército o de la policía que tengan los peores resultados, medidos en bajas contra los grupos al margen de la ley, salen de la carrera militar'', señaló el legislador.

La Fiscalía General investiga a 803 militares y policías por los llamados ``falsos positivos'' o asesinatos de civiles luego presentados como bajas enemigas en combate. Las investigaciones son por las muertes de al menos 900 hombres en distintos años, de acuerdo con el informe de la Fiscalía conocido por la AP en septiembre.

Navi Pillay, comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, dijo en un comunicado que saludaba las ``medidas del gobierno frente al problema de las ejecuciones extrajudiciales''. Está de acuerdo con que la ``promoción de la seguridad se debe adelantar'', pero respetando plenamente los derechos humanos.