La lucha contra la impunidad por caso Esma

BUENOS AIRES, ARGENTINA (31/OCT/2011).- Fueron más de tres décadas de recorrer juzgados y despachos oficiales, de marchar y protestar, de acudir a foros y tribunales internacionales en búsqueda de la Justicia por las vidas segadas en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y de otros cientos de campos de tortura clandestinos.

La justicia, que ya hace varios años comenzó a llegar en cuentagotas, tuvo esta semana su primer gran hito cuando 15 de los 17 represores de la Esma, escucharon sus condenas. Las primeras de una larga lista que seguramente llegarán en el transcurso de los próximos años.

Familiares y víctimas con los años y el trajinar a cuestas, torturadores cargados de canas, kilos y prontuarios, se vieron las caras en un juicio por lo sucedido en el centro de exterminio más grande de todos los que la dictadura supo crear para instaurar su aura de muerte. Allí se ventiló mucho de todo lo ocurrido durante siete años en el Casino de Oficiales de la Esma, hoy convertido en un espacio para la memoria, canal de televisión educativa y centro cultural.

Algunos de aquellos tétricos episodios quedaron grabados a fuego en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina, que ya no puede negar que toda en su conjunto, estuvo secuestrada por una dictadura sangrienta, como inteligentemente lo plasmó en su libro “Poder y Desaparición”, la ex desaparecida, Pilar Calveiro, actualmente residente en México.

En la memoria colectiva quedaron allí tras las rejas de la Esma y los muros y altillos del Casino de Oficiales, entre otros, los sueños de jóvenes como Fernando Brodsky, de 23 años o de la profesora de inglés Nora Wolfson. Los ideales de Justicia social de Raimundo Villaflor o esa vida que no fue en personas como Víctor Basterra, o Mario Villani que, al igual que tantos otros, al sobrevivir, asumieron el compromiso de contar lo que había sucedido allí adentró.

Basterra, el que arriesgó su vida una vez más rescatando fotos y documentos en cada salida de la muerte en ese proceso de resocialización al que pensaron lo sometían su captores, y la memoria de Villani, resultaron claves para que Antonio “Rata”; Pernías, Jorge “El tigre” Acosta, Juan “Piraña” Azic, y el resto de la fauna torturadora y asesina estuviese esta semana en el banquillo de los acusados.

No hicieron menos, Graciela Daleo, Ana Testa o Carlos Lorkipanidze, por citar sólo algunos. “No todos son capaces de vivir y revivir el horror más de una vez. Por eso vas a notar que aquí hoy faltan muchos”, explicaba una psicóloga acostumbrada a trabajar con ex desaparecidos que esperaba el veredicto del Tribunal. A la Esma llegó sin vida el 25 de marzo de 1977 el escritor y jefe de Inteligencia de Montoneros, Rodolfo Walsh, y enteras y en paz las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, junto a los otros 10 secuestrados en la Iglesia Santa Cruz, a donde Alfredo Astiz, acudía para darles caza.

A aquellos días se remontan las denuncias y los habeas corpus, las denuncias y las súplicas a jueces, militares, sacerdotes, políticos de todos los gobiernos. La actividad y la militancia en pos de conocer el paradero de los desaparecidos se fue fortaleciendo en el último año de la dictadura. Con la recuperación de la democracia, en diciembre de 1983, se abrió una esperanza.

Una de las primeras medidas del gobierno de Raúl Alfonsín fue la de crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato, y la apertura del juicio a las Juntas Militares.

A la postre la primera gran marca en la historia para punir los delitos de lesa humanidad de la dictadura.

Aquella esperanza se fue derrumbando pocos años después. Tras el alzamiento militar de Semana Santa de 1987, la administración alfonsinista entendió que no tenía alternativa que retroceder sobre sus pasos. Sancionó la Ley de Punta Final y meses más tarde la de Obediencia Debida. Fue así que el primer juicio a la Esma había quedado trunco y los represores que el miércoles recibieron condena, habían conservado su impunidad.

A partir de ahí los organismos de derechos humanos y las víctimas fueron atravesando un largo desierto. En el camino hallaron la posibilidad de que la justicia española o italiana aceptaran el caso de desaparecidos con orígenes en esos países y encontraron el artilugio legal de que la justicia considerara imprescriptibles el robo de niños nacidos en cautiverio. Sólo así, Jorge Videla, el fallecido Emilio Eduardo Massera y otros, pudieron regresar a prisión entre 1996 y 1998.

A comienzos de 2000 un mayor del Ejército, Jorge Olivera, había sido detenido en Italia donde meses después quedó en libertad y pudo regresar al país y en agosto de ese año, la detención de Ricardo Cavallo en el aeropuerto de Cancún abría un nuevo capítulo, en la larga marcha contra la impunidad. La justicia de tres países (España, México y Argentina) comenzó a tallar. Cuando el juez de la Audiencia Nacional, cuando el Gobierno de México decidió extraditarlo a España el 10 de junio de 2003, lo que marcó un puntal de la justicia penal Internacional, Néstor Kirchner llevaba 15 días en el poder. Fue tal el revuelo que se armó alrededor del caso en los tres países que días después Kirchner comenzó a esbozar lo que sería su política de derechos humanos. De ahí a la anulación de las leyes de Impunidad en el Congreso sólo hubo dos meses.

Desde entonces los juicios por delitos de lesa humanidad, por crímenes cometidos aquí, se llevarían a cabo en el país y no en Madrid como fue el del marino Alfredo Scilingo. A nadie sorprendió que el 24 de marzo de 2004, la Esma fuera quitada de la órbita de la Armada por decreto presidencial. Hasta llegar al Gobierno, Kirchner nunca antes había obrado en consecuencia con la lucha por la justicia y la verdad, pero una vez en la presidencia recuperó el tiempo perdido.

C R Ó N I C A
Se hizo justicia

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Fueron más de siete horas el pasado jueves, en las que la tensión parecía cortar el aire. Allí, juntos, permanecían indiferentes entre sí, mientras el tribunal oral número 5 daba lectura a la histórica sentencia para 17 de los hombres más atroces de la historia argentina.

En el momento de ingresar a la sala familiares, amigos y camaradas de armas de los reos ocuparon el palco superior; las víctimas y querellantes, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, estaban en la parte baja de la sala de audiencias, colmada de heridas abiertas.

Cada uno, los de un lado y los del otro, repasaban como en una película, su película, momentos, situaciones, algunas terroríficas, otras salpicadas de pequeñísimas victorias que alguna vez se parecieron a grandes pasos en busca de la Justicia. Historias, todas, absolutamente todas, dramáticas, como la que allí comenzaría a cerrarse casi tres horas más tarde, cuando el presidente del tribunal leyó la sentencia a los represores de la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), el centro clandestino de detención más paradigmático de la dictadura militar argentina (1976-1983).

A la hora señalada, los reos y los jueces se hacían esperar. “Están terminando de redactar la sentencia”, dijo una fuente del tribunal cuando las horas pasaban y nada. Después se supo que la discusión entre los tres jueces fue más fuerte de lo normal. “Algunos no toleraron tantas prisiones perpetuas”, dijo una fuente cercana al caso.

Casi tres horas después todo estaba dispuesto para la lectura del fallo. Con Ricardo “Sérpico” Cavallo encabezando el pelotón de sexagenarios y septuagenarios esposados, los acusados fueron ingresando en la sala de a uno. En la primera fila, Jorge el Tigre Acosta, en su condición de más veterano y jefe del Grupo de Tareas 3.3.3.2, como se denominó a la pandilla de torturadores y asesinos con uniforme que entre 1976 y 1983 se ocuparon de la vida y de la muerte de más de cinco mil personas.

Se ubicaron a la derecha de la sala, frente a víctimas y querellantes, junto a sus abogados; atrás, familiares y representantes de organismos de derechos humanos.

Si Acosta hubiera podido darse vuelta, hubiera visto que allí, a pocos metros de él, estaba Carlos Lorkipanidze, a quien ordenó torturar hasta que hablara y “si no, le dan a la hija también”. La hija de Lorkipanidze tenía meses de vida. Ambos sobrevivieron para llevar al Tigre y al resto de la fauna sangrienta ante la justicia.

Y si Alfredo Astiz hubiera dejado de reírse cada vez que lo nombraba el presidente del tribunal, hubiera comprobado que allí estaban las hijas de Mari Ponce de Bianco, de Ana María Cariaga y de Azucena Villaflor, las tres fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, a quienes él “marcó” en la Iglesia Santa Cruz, de donde desaparecieron en 1977, y que después torturó junto a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.

Los bebés plagiados

Carlos Capdevilla, más conocido en la mazmorra como Tomy, estaba a pocos metros de varios hijos nacidos en una improvisada maternidad en el tercer piso del Casino de Oficiales. A pocos metros de allí, en esa sala que parecía dibujar líneas que se iban entrecruzando, estaba Marianella Galli, 34 años, festejando cada vez que el juez Carlos Obligado decía: “Prisión perpetua”. Varios de los condenados, como el propio Astiz o Alberto González Menotti, fueron condenados por el secuestro de Marianela, cuando recién nacida.

Su padre, Mario Galli, había egresado junto con ellos de la Escuela Naval militar. Pertenecía a la promoción 100, la que al igual que el país en aquellos primeros años 70 había quedado fracturada ideológicamente. Gallí, teniente de corbeta, hacía varios años que junto a otros marinos, como Juan José Urien y Aníbal Acosta, militaba en los Montoneros. Fue uno de ellos, de la Promoción 100, aún en libertad, quien entregó a su padre cuando ella tenía tan sólo meses. Todos, su padre, su madre, su abuela y ella misma, fueron secuestrados. Marianela logró sobrevivir porque uno de los represores, Abdala D’Imperio se lo había prometido a su padre.

El miércoles, ella estaba ahí, en la Corte, llorando de alegría por ver a sus captores y a quienes asesinaron a casi toda su familia, condenados. Algo por lo que tuvo que esperar casi toda su vida. Ellos, los ex camaradas de su padre, no supieron de su presencia porque le daban la espalda.

Las familias de los represores

En lo alto de la sala estaba la familia militar. Entre ellos, un octogenario que se desplazaba con dificultad, ayudándose de un bastón. Esperó horas, con la misma estoicidad que atravesó todo el juicio. Estaba allí por su única “razón de vivir” desde el 24 de agosto de 2001, cuando su hijo cobró notoriedad internacional en México, donde fue detenido al revelarse su verdadera identidad y su pasado. Óscar Cavallo recorrió tres continentes en busca primero de la extradición y luego de la libertad de su hijo. Una lágrima se le escapó cuando Ricardo Miguel Cavallo, el mayor de sus hijos varones, fue condenado a cadena perpetua.

Todos estaban ahí el miércoles, agredidos y agresores, mientras la balanza se inclinaba al fin hacia la justicia.