La Policía de Arizona indagará estatus migratorio de detenidos

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (19/SEP/2012).- Poco valieron los esfuerzos para evitar la entrada en vigor de la norma. Una jueza dictaminó que la Policía de Arizona puede comenzar a aplicar la fracción más polémica de la ley migratoria del Estado, con lo cual los agentes estarán facultados por primera vez para preguntar cuál es la condición migratoria de las personas detenidas por diversos delitos, si sospechan que éstas se encuentran en el país de manera ilegal.

La decisión de la jueza federal Susan Bolton constituye el impacto más reciente en una disputa judicial en torno a esta disposición que comenzó hace dos años. La controversia se solucionó con la decisión que emitió en junio la Corte Suprema federal y que ratificó la medida con el argumento de que la misma no entraba en conflicto con la ley federal.

Jan Brewer, gobernadora de Arizona e impulsora de la ley antiinmigrante, también conocida como la SB 1070, dijo: “Hoy es el día que hemos estado esperando durante más de dos años: la medida cautelar contra el corazón de la SB 1070 ha sido levantada”.

Joe Arpaio, alguacil de Maricopa, Arizona, acusado de dar mal trato a los indocumentados, es uno de los personajes que había abogado por la aceptación de este punto de la ley antiinmigrante.

Los detractores de la ley mandaron un mensaje a la jueza Bolton: la entrada en vigencia de esta fracción de la ley dará pie al encasillamiento racial sistemático y detenciones excesivamente largas en perjuicio de los hispanos.

Los agentes federales de inmigración han dicho que colaborarán, pero sólo si esto se ajusta a sus prioridades, como la captura de infractores reincidentes y la identificación y captura de quienes amenacen la seguridad pública y la seguridad nacional.

Si los agentes federales se niegan a llevarse a los inmigrantes, los agentes locales posiblemente tendrán que dejar que se marchen a menos que sospechen que están implicados en un delito que obligue encerrarlos en prisión.

Para los partidarios de la ley de Arizona, la disposición para preguntar sobre la condición migratoria es la parte más destacada de la normativa, cuyo propósito declarado era provocar la salida de los inmigrantes. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que la medida propiciará abusos contra los derechos civiles.

Entre los detractores de la ley figura el Gobierno del presidente Barack Obama, cuya impugnación judicial obligó el aplazamiento de la puesta en marcha de las partes más controvertidas de la ley.

La cifra

5 estados han hecho su ley antiinmigrante: Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah

Telón de fondo
Normativa que estuvo rezagada

La ley antiinmigrante de Arizona, propuesta por la gobernadora Jan Brewer, fue aprobada en 2010 en medio de llamados por parte del Gobierno mexicano y del estadounidense, así como de grupos de activistas, para no criminalizar a los indocumentados.

Secciones menos controvertidas de la ley fueron puestas en marcha desde julio de 2010, como cambios menores a la ley estatal sobre tráfico de inmigrantes de 2005 y la prohibición que restringe aplicar la ley federal de inmigración a las agencias gubernamentales estatales y locales. Sin embargo, estas disposiciones han sido de poco uso, si es que han tenido alguno, desde su entrada en vigencia.