Jueza que analiza ley de Arizona duda sobre su constitucionalidad

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (22/JUL/2010).- Una jueza federal de Phoenix, que el  jueves escuchó a partidarios y adversarios de la polémica ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en Arizona, expresó dudas sobre la constitucionalidad de la norma prevista para entrar en vigor el 29 de julio.

La jueza Susan Bolton escuchó a los abogados de todas las partes en una  audiencia donde la defensa de la Casa Blanca argumentó que los asuntos de  inmigración son de competencia exclusiva del gobierno federal y que las  legislaciones locales no pueden prevalecer sobre los códigos federales o la Constitución.

La jueza expresó su escepticismo de que esta ley pueda ser aplicada por las  fuerzas del orden y calificó de "torpe" el lenguaje de la ley.

Bolton no tiene previsto ninguna audiencia antes del 29 de julio, cuando  debería entrar en vigor la ley, pero podría emitir un fallo antes de esa fecha.

La gobernadora republicana de Arizona, Jen Brewer, emitió un comunicado  luego de asistir a la audiencia en la tarde.

"Es evidente que la jueza Bolton comprende bien las cuestiones importantes  que está examinando hoy", señaló el texto.

"Creo eso, (la argumentación del estado) fue una presentación bien  preparada en la dirección que queremos tomar para nuestro estado y para los  ciudadanos de Arizona", agregó.

La jueza Bolton consultó al abogado de Brewer, John Bouma, sobre la parte  de la ley que según los adversarios puede prestarse a que la policía interrogue a cualquier ciudadano de apariencia hispana.

"No está basado en la realidad", dijo Bouma. "Si vamos a pedir identificación a cada quien que parezca hispano, eso sería imposible", respondió el letrado, quien reiteró que la policía está preparada para evitar discriminación racial.

En las afueras del palacio de justicia local Sandra Day O'Connor, en el centro de Phoenix, decenas de manifestantes resguardados por cordones policiales protestaron en contra la ley, que según sondeos recientes es una medida popular en el estado y con importante respaldo en el país.

Terri Leon, director ejecutivo de la organización no gubernamental Friendly  House, dijo en la corte: "Lo que está hoy pasando aquí tendrá un enorme impacto en todo nuestro país, pero la historia está de nuestro lado".

La ley SB1070, proclamada por la gobernadora de Arizona el pasado 23 de  abril tras su votación en el Congreso estatal, declara la inmigración ilegal  como un delito estatal por primera vez en la historia de Estados Unidos.

La normativa establece que la policía puede confirmar el estatuto de  aquellas personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y  castigar a quienes se hayan contactado con ellos en este estado fronterizo con  México.

Nina Perales, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles  (ACLU), dijo que la demanda de ellos tiene como "único objetivo bloquear la  aplicación de la medida".

Los adversarios a la ley anunciaron una serie de manifestaciones la próxima  semana si la ley llega a entrar en vigor.

La semana pasada, la jueza Bolton había escuchado a los abogados de la  gobernadora de Arizona, que pidieron a la defensa del policía de Phoenix, David  Salgado, de origen latino, el abandono de su demanda contra la ley, en la que  alega que los oficiales tendrán dificultades para interpretarla.

En Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos, 33% son de origen  extranjero. El estado cuenta con unos 460 mil son indocumentados de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos, de los cuales cerca de siete millones son mexicanos.

La mitad de los estadounidenses cree que su gobierno debería concentrarse  en detener la inmigración ilegal, mientras que 45% prefiere un plan para  resolver la situación de los indocumentados ya en el país, según un sondeo de  principios de julio de la firma Gallup.

El presidente Barack Obama defiende la necesidad de una reforma integral  que resuelva la situación de esos inmigrantes sin papeles, que al mismo tiempo  fije nuevas condiciones para el ingreso de personas al país.