BUENOS AIRES, ARGENTINA (26/DIC/2016).- El dueño de un prostíbulo en la provincia de Buenos Aires y su mujer fueron condenados a ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, por un delito de trata de personas agravado por explotar sexualmente a personas en situación de vulnerabilidad, informaron hoy fuentes judiciales.El Tribunal Oral Federal localidad bonaerense de San Martín consideró al hombre "autor" y a la esposa, "partícipe necesaria" de un delito de trata de personas agravado por "explotación de la prostitución" y "la situación de vulnerabilidad de las víctimas".Según reveló este lunes el Ministerio Público Fiscal a través de su página web, el proceso judicial arrancó en diciembre de 2013, cuando tuvo lugar el allanamiento del bar "La Cueva 2", ubicado en la carretera de la ciudad de José C. Paz, 40 kilómetros al noroeste de la capital argentina, en el que se sospechaba que se estaba explotando sexualmente a varias mujeres.Durante el procedimiento fueron rescatadas dos mujeres, una de nacionalidad paraguaya y otra oriunda de la provincia argentina de Santa Fe (centro) y se incautaron teléfonos móviles, documentación y 10 mil 800 pesos (687 dólares).Además, las autoridades descubrieron tres libretas sanitarias de víctimas que no se encontraban en el lugar y cuadernos con anotaciones en los que registraban la recaudación de las personas explotadas -que aparecían con sobrenombres-, así como gastos de comida, telefonía y traslados.El matrimonio fue acusado de haber "facilitado la prostitución de mujeres" mediante la administración del local en José C. Paz "desde fecha incierta" hasta que se produjo el allanamiento.Asimismo, tal y como había solicitado el fiscal general Alberto Gentili, se les consideró culpables de haber "aceptado y acogido con fines de explotación sexual" a una de las víctimas "mediante engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad".El tribunal los condenó por haber facilitado los medios necesarios para la actividad y retener el 50 % de las tarifas por los servicios sexuales prestados, así como de las propinas que recibían las mujeres.En la audiencia, las víctimas habían dicho que realizaban tareas de limpieza, pero finalmente pudo probarse que en realidad servían copas y se prostituían en el lugar.Ellas mismas revelaron que trabajaban doce horas todos los días y que era el dueño del local quien fijaba las tarifas, que oscilaban entre los 150 (9,5 dólares) y los 400 pesos (25 dólares).Además, indicaron que, tras prestar servicios sexuales -entre cuatro y cinco por jornada-, debían limpiar las habitaciones y quemar los profilácticos.De acuerdo a lo requerido por la Fiscalía, los jueces también ordenaron enviar los testimonios a la Justicia Federal para que se investigue si los acusados pagaban sumas de dinero a funcionarios policiales para "apañar el funcionamiento del prostíbulo".
