Colombia procesa a Piedad Córdoba por financiar candidatura

BOGOTÁ, COLOMBIA (23/AGO/2011).- La Procuraduría General de Colombia anunció hoy que procesó a la excongresista Piedad Córdóba por financiar una candidatura parlamentaria y que evalúa si la encausa de nuevo por presuntos nexos con la guerrilla de las FARC.

Las decisiones fueron adoptadas en Bogotá por el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien hace casi un año la destituyó e inhabilitó durante 18 años para cargos públicos, dentro de una investigación disciplinaria por nexos con las FARC.

La ahora exlegisladora liberal fue sancionada entonces por favorecer y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según Ordóñez, quien tomó como pruebas archivos informáticos de Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", líder guerrillero ya fallecido.

En un comunicado, el despacho de Ordóñez explicó que se ha ordenado "evaluar la investigación disciplinaria por la conducta relacionada con los presuntos vínculos de la entonces senadora (...) con (...) las FARC, a partir de los registros hallados en los dispositivos técnicos incautados en la operación 'Sodoma', en la que fue abatido Víctor Suárez Rojas, alias 'Mono Jojoy'".

Suárez ejerció como jefe militar de las FARC hasta finales de septiembre de 2010, cuando murió en un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) a su campamento en las selvas de la población sureña de La Macarena.

En el lugar fueron decomisados varios portátiles y decenas de memorias que, para el caso de Córdoba y según la Procuraduría, pueden mostrar supuestos vínculos de ella con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La causa disciplinaria que concluyó con la destitución de la opositora Córdoba en septiembre de 2010, y que Ordóñez confirmó un mes después, partió también de unos archivos informáticos decomisados en el campamento ecuatoriano de "Raúl Reyes".

Este insurgente era el segundo al mando de las FARC y portavoz internacional del grupo, y murió en marzo de 2008 en un bombardeo militar a su base en el país vecino.

La exparlamentaria se ha defendido con el argumento de que entró en contacto con los rebeldes en gestiones humanitarias de búsqueda de la paz y para la puesta en libertad de rehenes, doce de los cuales fueron entregados merced a su papel de facilitadora.

En el mismo comunicado, el procurador Ordóñez explicó que Córdoba ha sido llamada a descargos "por la presunta contribución económica a una candidatura al Congreso de la República".

Según la misma fuente, Córdoba aportó 25 millones de pesos (unos 14 mil 46 dólares) a la campaña electoral de Ricardo Antonio Montenegro, correligionario de ella que aspiró sin éxito a la Cámara de Representantes en los comicios de marzo de 2010.

Córdoba hizo la aportación cuando no había perdido la investidura, advirtió el jefe del Ministerio Público al recordar que los servidores públicos no pueden hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos.

"Con su actuación la exsenadora vulneró normas de rango constitucional e incurrió en falta disciplinaria y en causal de pérdida de investidura", según el comunicado.