Portugal remodela el Gobierno mientras prepara nuevos recortes

LISBOA, PORTUGAL (13/ABR/2013).-  El primer ministro conservador luso, Pedro Passos Coelho, formalizó la remodelación de su Gobierno con la toma de posesión de dos nuevos ministros y cuatro secretarios de Estado, mientras prepara con urgencia nuevas medidas de austeridad.

En la ceremonia, presidida por el jefe de Estado, el también conservador Aníbal Cavaco Silva, asumieron el cargo los dos ministros que sustituyen al hombre de confianza de Pasos Coelho en el gabinete, Miguel Relvas, cuya cartera se desdobla en dos y que dimitió la semana pasada por un escándalo académico.

Además fueron investidos dos nuevos secretarios de Estado en cada uno de los departamentos, entre ellos uno para el Deporte, Emídio Guerreiro, una competencia que recaía hasta ahora en la jefatura del Gobierno.

El profesor universitario Miguel Poiares Maduro asumió el ministerio Adjunto y del Desarrollo Regional, mientras el hasta ahora secretario de Estado del Consejo de Ministros, Luís Marques Guedes, se convirtió en ministro de la Presidencia y Asuntos Parlamentarios.

Tras 22 meses en el poder, Passos Coelho cerró con estos nombramientos su primera crisis ministerial, causada por las irregularidades con las que Relvas obtuvo, en un solo curso, el título de licenciado por una universidad privada de Lisboa.

La remodelación del Ejecutivo se produce después de que Portugal logró ayer el apoyo "en principio" de los ministros europeos de economía y finanzas a la ampliación en siete años del vencimiento de los préstamos de su rescate financiero.

Esa decisión, al igual que la entrega del próximo tramo de los fondos del rescate está, sin embargo, condicionada a la evaluación que la troika, formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión y Banco Central europeos, inicia la próxima semana en Lisboa.

Los técnicos de los tres organismos tienen que dar su aprobación a los nuevos recortes presupuestarios que prepara con urgencia Passos Coelho para reemplazar los prohibidos por una sentencia del Tribunal Constitucional y que suponen unos 1.300 millones de euros.