PRD advierte controversia de aprobarse la reforma laboral

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2012).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados advirtió que podría recurrir a la controversia constitucional si se aprueba una reforma laboral cuya discusión se lleve a cabo en el limbo jurídico, pues a la fecha no hay reglamentación para el desahogo de una iniciativa preferente.

Para Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la diputación federal perredista, es “imposible’’ querer aprobar modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en 25 días, ya que el 30 de septiembre vence el plazo constitucional que tiene la Cámara baja para aprobar o desechar la citada enmienda propuesta por el presidente Felipe Calderón el pasado día primero.

Según su interpretación legal, los diputados federales no están obligados a analizar por separado la propuesta presidencial, como opinan algunos legisladores, sino de manera conjunta con las otras 498 iniciativas de reforma laboral presentadas al momento. Ése es uno de los temas, dijo, que tienen que reglamentarse en materia de iniciativas preferentes.

El michoacano opinó que los perredistas deben optar por “dar la batalla’’ en el Congreso para oponerse con argumentos a la enmienda en materia laboral y no enfilarse directamente por la vía de la controversia porque así no se podrá evitar el “madruguete’’.

“Es mejor dar el debate para que la propuesta no transite; nosotros no vamos a avalar una reforma que atente contra los derechos de los trabajadores y las conquistas laborales’’, advirtió.

Aureoles Cornejo ofreció una conferencia de prensa en la que participaron líderes de distintos sindicatos pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), como el de trabajadores telefonistas y de la UNAM, encabezados por Francisco Hernández Juárez y Agustín Rodríguez, quienes anunciaron que la próxima semana definirán el calendario de marchas y suspensión general de actividades a nivel nacional que realizarán en oposición a la reforma laboral.

Hernández Juárez dijo que la modificación legal propuesta por Calderón pretende simplemente abaratar la mano de obra y precarizar aún más el empleo.