Desarrollo económico, sólo con garantía del orden social: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO (24/FEB/2013).- Un verdadero desarrollo social y económico sólo se puede alcanzar en un entorno en el que se garantice el orden social y el desarrollo de las personas de forma libre y segura, con plena protección de su integridad física y de su patrimonio, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Expone que a través del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que se anunció el pasado 12 de febrero, el gobierno federal reafirma su compromiso de atender las causas estructurales de la violencia y la delincuencia para construir un México en paz.

En el Informe Semanal del Vocero, señala que a pesar del alza en los recursos destinados a programas en materia de seguridad, justicia y asuntos de orden público en los últimos años, la incidencia delictiva del fuero federal mostró un aumento de 83 por ciento (de 78 mil 309 a 142 mil 971 casos) entre 2001 y 2011.

Ante esta situación, desde el primer día de la actual administración, el gobierno federal se propuso lograr un México en paz como uno de los ejes prioritarios, con lo que anunció la creación del Programa Nacional de Prevención del Delito como la primera de 13 decisiones presidenciales.

Con este programa se busca focalizar esfuerzos, alinear y coordinar presupuestos de las secretarías de Estado, principalmente, en los municipios con más violencia en el país, para hacer de la prevención social de la violencia y la delincuencia una verdadera prioridad.

En congruencia con este eje, precisa, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013 privilegia la asignación de recursos a rubros como la seguridad pública, impulsando estrategias para reducir los niveles de violencia, con énfasis en los delitos de alto impacto que afectan a la población.

El PEF prevé la asignación de recursos por 118.8 mil millones de pesos en "Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos".

En este marco, el pasado 12 de febrero, el Ejecutivo presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas se publicaron tres días después.

El programa fungirá como el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de la violencia y la delincuencia, para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

Asimismo, busca atender diversas dimensiones que afectan el tejido social y derivan en violencia, con el fin de incidir en la construcción de sociedades y comunidades más seguras, cohesionadas e inclusivas.

Como parte del Programa se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, conformada por las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Salud, Educación Pública, Economía, de Trabajo y Previsión Social, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Hacienda.

La Comisión tiene objetivos para articular políticas que influyan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como de diseñar e implementar acciones que permitan anticipar y modificar las dinámicas que generan contextos de violencia y procesos de desintegración social

De igual manera, fortalecer la estructura familiar y comunitaria a través de un esquema preventivo, precisa la dependencia.

El Programa considera recursos por 2.5 mil millones de pesos, de los cuales 2.25 mil millones se distribuirá entre 50 municipios y ocho zonas metropolitanas de las 32 entidades federativas.

De igual manera, 50 millones de pesos para proyectos especiales de cultura y concientización ciudadanas en entidades con altos índices de inseguridad, y se podrán utilizar hasta 8.0 por ciento de los recursos (200 millones) para la contratación de los servicios necesarios para asegurar la operación de los subsidios a los municipios.

Y en su caso, añade la SHCP, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales.