Coparmex pide mesa de diálogo a diputados

GUADALAJARA, JALISCO.- Tras conocer la presentación del recurso de controversia constitucional del Poder Ejecutivo contra las reformas electorales, representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hacen un llamado a la clase política, sobre todo a legisladores, a dialogar y evitar que el proceso se alargue.

Pablo Lemus Navarro, presidente de la Coparmex Jalisco, quien solicitó abiertamente al gobernador desde hace una semana que interpusiera la controversia, sonriente, se dijo satisfecho por la postura “valiente” del mandatario.

“Él (Emilio) me manifestó que iría hasta las últimas consecuencias. Es una cosa que celebro y que verdaderamente se la tomó muy bien, el haber tenido el valor cívico de presentar la controversia”.

De igual forma, el vicepresidente nacional de la Coparmex, Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, aplaudió el proceder del gobernador: “Esta situación es altamente benéfica para los jaliscienses. Me parece que el gobernador está haciendo lo adecuado, no es posible que en Jalisco paguemos tres veces y medio más por una supuesta democracia de la que pagan en Nuevo León. Los partidos políticos son un coto de poder”.

El siguiente paso, coinciden ambos, es que los diputados respondan a quien los eligió: la población, y no a sus presidentes de partidos.

“Hay que hacerle un llamado a la clase política, y sobre todo al legislativo, a que entienda que tiene una responsabilidad ante electores, no para cuidar los intereses de partidos.”, añadió Covarrubias.

Lemus finalizó: “Para qué nos desgastamos tanto. Hacemos un llamado a los diputados a que dialoguemos qué reforma electoral queremos. Pedimos que mesas de diálogo en la que podamos participar todos y definir cuál es el rumbo democrático que queremos para el Estado”.

Lo que deben entender los legisladores, es que deben responder a los jaliscienses; la inmensa mayoría no quiere que se incremente el dinero a los partidos
Juan Arturo Covarrubias, vicepresidente nacional de Coparmex.


Esperan redacción final

La apuesta por parte de los partidos políticos parece segura: confían en que la Suprema Corte deseche la controversia constitucional. En ausencia del diputado Jorge Salinas Osornio, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, y declarándose también ausente del Estado el presidente del Comité Estatal panista, Eduardo Rosales Castellanos, fue el secretario general, Ricardo Rodríguez Jiménez, quien estableció la postura del partido en torno al anuncio hecho por el gobernador.

“Creemos que no hay mayor problema para que la controversia no sea procedente”, especificó el también diputado federal. Ayer, alrededor de las 13:30 horas, Ricardo Rodríguez habló con Eduardo Rosales, quien no ha declarado y se halla en la Ciudad de México.

Rechazó que la controversia sea “una muestra de la división entre dos facciones panistas; se trata del uso de una facultad legal”. Incluso, el funcionario partidista trató de darle vuelta a los hechos: “Lo que nosotros opinamos es que respetamos y reconocemos que el gobernador está en derecho de ejercer esa atribución, pero esperamos conocer el documento para ver en qué términos presenta la controversia, aunque por sus declaraciones, vemos que el fondo es el financiamiento a los partidos políticos”.

-- El gobernador justifica la controversia en los reclamos ciudadanos. ¿Deja a los partidos, y a su mismo partido, el PAN, como “villanos” de la historia?

-- Creo que hay argumentos de las distintas partes que pueden ser válidos. El argumento de que es mucho dinero para los partidos, desde alguna parte puede ser cierto porque hablar de 100 ó 200 millones es mucho dinero. Pero también los argumentos de que sólo se está tratando de fortalecer a los partidos con más recursos, son válidos. Depende de cómo se miren las cosas.

De acuerdo con Rodríguez Jiménez, mientras en Jalisco se financian los partidos con seis pesos por ciudadano registrado en el Padrón Electoral, “en el Distrito Federal son 34 pesos y en el Estado de México 55 pesos por año. La reforma pretende que en Jalisco se entreguen anualmente 33 pesos por ciudadano registrado”.

Merced a las reformas en la Constitución del Estado y en las leyes reglamentarias, para el segundo semestre de 2008 el Gobierno estatal deberá entregar a los partidos políticos 83 millones de pesos. Además, en 2009, estará obligado a destinar 231 millones para el mismo rubro.

La oposición está inconforme

Ante el anuncio de la controversia constitucional, los partidos políticos de oposición en Jalisco reaccionaron inmediatamente. El presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López, aseguró que se hallaba sorprendido “por tanta incapacidad del señor gobernador”.

En tanto, en ausencia del presidente del Comité Estatal del Revolucionario Institucional (PRI), Javier Guízar Macías --está fuera del país--, fue el representante priista ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), José Luis Monterde Ramírez, quien habló en nombre de los priistas: “Hay que acudir al artículo 105 de la Constitución del país”, dijo una y otra vez, “donde se determina claramente que no puede haber controversia en materia electoral. Por el contrario, está abierta la vía para una acción de inconstitucionalidad, pero ésta también está fuera del alcance del titular del Gobierno, porque sólo procede si se acciona por parte de una tercera parte del Congreso del Estado, por parte del procurador General de la República o bien, por parte del dirigente nacional de un partido político”.

Reiteró que el mandatario estatal no puede presentar una controversia “porque se trata de materia electoral” y ante el argumento de que se afectará el presupuesto del Poder Ejecutivo con el aumento en las prerrogativas partidistas, recordó que como resultado de la reforma federal electoral, “tampoco es posible modificar, para aumentar o disminuir, el monto de financiamiento a los partidos, porque eso sería inconstitucional; la fórmula y el porcentaje quedaron definidos en el artículo sexto transitorio de las reformas que se aprobaron en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”.

Consultado también el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso estatal, Juan Carlos Castellanos Casillas, manifestó que la controversia será estudiada a detalle tanto por diputados como por el partido, pero consideró que es el resultado “de la falta de entendimiento de los grupos que ejercen el poder en Jalisco, en el mismo PAN. No se están entendiendo estos dos grupos y esto (la controversia) es un reflejo de lo que pasa”.

El diputado consideró “lamentable” que se llegue a la vía jurídica y se deseche el diálogo político, “porque se complica demasiado el ambiente... están muy cercanas las elecciones y sin duda esto puede traer un escenario de choque muy fuerte y complicar más las cosas. Además, estará entrando en poco tiempo la discusión del presupuesto estatal (para 2009) y será pesado elaborarlo en estas condiciones”.


La reforma es un abuso; controversia, tardía: José Barragán

Pese a que legalmente es viable, la controversia anunciada por el gobernador “es tardía”; por ende, poco probable de ser procesada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirma el constitucionalista José Barragán.

Explica que los tiempos en que este procedimiento debió ser turnado al órgano federal,  aunque jurídicamente son correctos, físicamente “están agotados ya que en octubre, a nivel federal, cuando entren en los preparativos  del proceso (electoral de 2009), no hay tiempo para hacer una modificación a la reforma estatal, o una contrarreforma”.

El pesimismo del investigador de la UNAM y ex consejero del Instituto Federal Electoral, reside en que si bien parece buena la intención del Ejecutivo: “¿Por qué no lo hizo antes, cuando aún era viable pensar en que se podía contravenir una reforma a todas luces ilegal, calificada así por amplios sectores de Jalisco”.

El Ejecutivo, a su juicio, no sólo tiene las facultades constitucionalmente prescritas en la fracción primera del artículo 105 de la Constitución para solicitar a la SCJN que ponga dicha reforma en controversia, “sino la obligación legalmente otorgada en su mandato de impedir un atropello amparado en el uso fáctico de las instituciones para fines particulares”.

Y califica como “un abuso” del Poder Legislativo las reformas ejecutadas al andamiaje jurídico del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ), pero también “de dudosa, o en el peor de los casos, negligente”, la actuación del Ejecutivo para impedir que éstas fueran aprobadas y formuladas al amparo de instituciones.

“El Congreso y los partidos políticos son los responsables, no todos, pero sí la mayoría; entre ellos el gobernador”.

Agregó que la sociedad civil debe convertirse en una fuerza política “real” para cercar las acciones de legisladores y controlar la asignación de recursos a las instituciones.

“Es un retroceso real para la democracia mexicana, que los partidos políticos tomen el control de organismos cuya ciudadanización fue permitida y generada”.