Dice Allen Buchanan en uno de sus más influyentes textos: la ruptura política más extrema es la secesión. Como un matrimonio que frente al espejo no ve otra salida que el divorcio, la secesión es admitir que ya no se puede vivir juntos. Las flores ya no seducen. Los chocolates no alegran y la chispa se perdió. Algo así ocurre entre España y una parte importante de Cataluña: la desafección y los roces se volvieron muy profundos.Más de alguno se preguntará: ¿cuándo comenzó esta distancia emocional y política entre catalanes y españoles? Los historiadores se remontarán a la Guerra de Sucesión de 1714. Los politólogos a la ruptura del consenso de la transición. Los juristas a la pérdida de vigencia de la Constitución de 1978. Y más de algún economista a la inequidad fiscal entre la Cataluña rica y dinámica, y el sur español agrícola y en atraso.Sin embargo, hay año en donde todos convergen: 2010.Antes de que los políticos catalanes pensaran en la independencia, la búsqueda de más autogobierno en Cataluña fue procesado a través del famoso “estatut”. Una reforma al estatuto de autonomía de Cataluña-una especie de pequeña constitución que marca las atribuciones y competencias del Gobierno catalán- en donde se incluía su reconocimiento como nación histórica y se adherían algunas competencias. Sin embargo, luego de ser aprobado por el Parlamento autonómico, refrendado por los catalanes en las urnas y aprobado por el Congreso de España, el conservador Partido Popular solicitó una revisión constitucional que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de la columna vertebral de aquel estatuto de autonomía. La frustración creció en las calles y en las instituciones. Algo se quebró aquel día. Tras la ilegalización de una parte medular del “estatut”, las manifestaciones han sido multitudinarias. Cada 11 de septiembre, jornada en la que se festeja la Diada-la fiesta nacional de Cataluña-, entre medio millón y un millón de catalanes salen a las calles de Barcelona y las principales ciudades catalanas, a reclamar un referéndum de autodeterminación en donde los ciudadanos decidan si quieren o no seguir siendo parte de España. Como señala Germá Bel en su texto: anatomía de un desencuentro: aquel día, el Tribunal Constitucional tomó una decisión que no tendría retorno.En un lustro, los catalanes que quieren la independencia pasaron del 20% al 48%, de acuerdo con el barómetro del Centro de Estudios de Opinión del Gobierno de Cataluña. Incluso, en las últimas elecciones, los partidos proclives a la independencia lograron la mayoría absoluta en el Parlamento catalán-72 de 135 asientos. Los tres partidos que quieren la independencia-Convergencia Democrática de Catalunya, Esquerra Republicana y Candidatura de Unidad Popular- prometieron poner en marcha un referéndum el 1 de octubre de 2017 y que, si los votos afirmativos por la independencia ganaban, decretarían la secesión en un plazo no mayor a cinco días.El Gobierno español no aceptó el referéndum de autodeterminación propuesto por una mayoría de diputados autonómicos en Cataluña. La Moncloa ni aceptó negociar una consulta pactada. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, amparado por el Tribunal Constitucional-el símil de la Suprema Corte-, se mantiene firme en su decisión de no permitir que el referéndum exista. La razón: el artículo 2 de la Constitución de España que señala que la soberanía recae en el conjunto del pueblo español y, por ello, la integridad territorial no sólo compete a los catalanes, sino al resto de los españoles. El acuerdo ha sido imposible y la estrategia de Rajoy se limita exclusivamente a promover recursos judiciales para decomisar urnas, boletas, recursos financieros que estén destinados a la ejecución del referéndum. Incluso, ha habido detenciones de cargos medios de la administración catalana que tienen como encomienda la celebración de la consulta popular. En palabras claras, Rajoy ha intervenido de facto la autonomía de Cataluña para evitar que este domingo, el Gobierno catalán pueda poner en marcha un referéndum no pactado con el Estado.Así llegamos al día “D”, en un auténtico choque de trenes. El Gobierno catalán hará todo lo posible por colocar urnas y porque una buena parte de los seis millones de catalanes llamados a votar, salgan y expresen su opinión. Por el contrario, el Gobierno de España ha dado las instrucciones necesarias a la Guardia Civil e incluso a los Mossos D´Esquadra-la policía catalana- para que eviten la apertura de los colegios electorales. No se descarta que hoy pudiera haber violencia entre aquellos que quieren emitir su voto y la policía que tiene órdenes de detener el referéndum al costo que sea.Hay algo que resulta innegable: hoy en Cataluña no habrá un referéndum de autodeterminación con todas las garantías exigibles para que el resultado tenga alguna consecuencia. Y es que una votación de este tipo sólo tiene sentido si hay un acuerdo político entre la unidad subestatal y el Estado. Sin embargo, lo que sí habrá hoy en Cataluña y en sus principales ciudades-Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida- es una inigualable movilización política. Los sondeos señalan que entre 65 y 70% de los catalanes quieren votar en el referéndum de este primero de octubre; es decir, una enorme protesta de entre 3 y 3.5 millones de ciudadanos que sienten que el Gobierno español no respeta su derecho de decir en las urnas el futuro de Cataluña. El referéndum se transforma en una protesta multitudinaria que exige respuestas políticas a un problema de naturaleza eminentemente político.Como en otros países, ante exigencias de independencia o de secesión, sólo las urnas pueden ser una salida democrática. Lo vimos en Reino Unido: los escoceses decidieron quedarse en la Unión, pero lo hicieron democráticamente y con una alta participación. O en Canadá, en dos ocasiones, la última con un margen muy pequeño de diferencia, pero los quebequenses entendieron que el futuro era mejor en un proyecto común con el resto del estado canadiense. Más temprano que tarde, tendrá que haber un pacto político entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para llevar adelante una votación democrática con todas las garantías, que sea reconocido por Madrid y por la comunidad internacional. La historia no acaba este domingo, apenas comienza.
